La organización ecologista advirtió que la Sociedad Rural Salteña demanda al gobierno provincial autorización para que los productores puedan desmontar el 50% de la superficie de sus fincas.
Según el parte difundido por la organización, el pedido de los ruralistas se da en medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta y de la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia por un amparo presentado por Greenpeace en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio.
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques. Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre del año 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación. Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas. La organización ecologista presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco, y Santiago del Estero.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20. Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación.
