domingo 19 de mayo de 2024
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La justicia salteña investiga el aumento de dietas en el Concejo Deliberante de Orán

La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos investiga presuntas irregularidades en el incremento salarial de los ediles. Una concejal denunció que sus pares autorizaron subas millonarias sin seguir los procedimientos administrativos.

La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos requirió documentación al Concejo Deliberante de San Ramón de la Nueva Orán, en el marco de una denuncia por presuntas irregularidades en el aumento de dietas de los concejales. La solicitud apunta a obtener los instrumentos legales que avalan la incorporación de la planta política del cuerpo y las resoluciones que habilitaron las controvertidas subas salariales.

La investigación surge a raíz de la denuncia interpuesta por la concejal Patricia Segovia, quien acusó a sus colegas de aumentar sus dietas sin cumplir con los procedimientos administrativos correspondientes. Según Segovia, la Fiscalía requirió detalles sobre «la planta política, los cargos, sueldos que cobran y las resoluciones que respaldan sus nombramientos».

La edil denunciante aseguró que, a pesar de no consentir el aumento de su dieta, el Concejo Deliberante le depositó en su cuenta bancaria un millón de pesos, imponiendo así el nuevo sueldo que autorizaron sus pares de manera irregular.

El periodista Samuel Huerga, en diálogo con Nuevo Diario, explicó que el año pasado se cayó la autonomía del cuerpo legislativo debido a una judicialización. Ante ello, la entonces presidenta del Concejo firmó un convenio con el ejecutivo municipal para garantizar su funcionamiento, estableciendo los sueldos de los concejales y solicitando fondos para gastos operativos.

Sin embargo, dicho acuerdo caducó el 8 de diciembre con el fin del período de sesiones y la llegada de los nuevos ediles. Según Huerga, los actuales concejales aumentaron sus dietas de 280 mil a más de 400 mil pesos, amparándose en una resolución que ya no tenía validez legal. El periodista subrayó que el debate no radica en los montos, sino en la presunta ilegalidad de realizar un aumento sin transparentar los verdaderos sueldos.

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