La representante del organismo analizó la resolución que impidió que se realizara la práctica avalada por ley. Dijo que la judicialización es una estrategia de los antiderechos que el Estado está combatiendo.
La abogada del INADI Nacional, Analía Más, dijo este jueves que la resolución dispuesta por el Juzgado en lo Civil y Comercial en Primera Instancia, a cargo del juez Tomás Méndez Curutchet, que impidió que una salteña se practicara un aborto legal, forma parte de una estrategia de los sectores antiderechos que se oponen a cumplir la ley aprobada en diciembre pasado. Agregó que este tipo de obstáculos son «mamarrachos jurídicos» de una enorme gravedad.
En diálogo con Cuarto Oscuro, nuestro programa de radio de FM La Cuerda, Más dijo que desde el INADI nacional ven con preocupación las distintas presentaciones que han ocurrido en distintas provincias y localidades.
«Estamos muy preocupadas porque estamos viendo sentencias en las que se violan requisitos legales básicos, fundamentales en cualquier proceso, con argumentos que ya fueron debatidos en el Congreso Nacional en 2020 y 2018», dijo la abogada, que recordó que en 2018 hubo más de 800 personas que expusieron sus argumentos. «En 2020 también se dio un debate enorme donde todos estos argumentos ya fueron debatidos y la ley fue votada por nuestros representantes», aseguró.
Más coincidió al asegurar en el programa que la estrategia de judicializar los casos encuentran en el Poder Judicial a un aliado perfecto.
«En el caso de Mar del Plata, quien inicia el juicio es un señor jubilado que no presenta ningún interés jurídico concreto, no hay un caso concreto, por lo cual cualquier ciudadana con no estar de acuerdo con esta ley o con cualquiera, se podría presentar. Y en Mar del Plata el juez es sumamente católico. No puede ser que dicte fallos en base a sus creencias religiosas», agregó, analizando lo ocurrido en aquella ciudad.
La abogada dijo que ya se presentaron 29 casos similares, de los cuales 18 fueron desestimados. «En algunos casos, como en Salta, se trata de un varón que quiere que su pareja no acceda al derecho, y en otros ni siquiera, son casos abstractos. Es de una gravedad terrible», detalló.
«Se está pasando por alto que es un derecho personalísimo. La única persona que puede decidir sobre su cuerpo es la mujer que quiere interrumpir su embarazo. No puede otra persona. Es un derecho que solamente tiene la persona sobre su propio cuerpo. Y es muy preocupante que el ministerio de Salud de Salta haya dado esta orden a todos los centros de Salud y hospitales», dijo, en referencia al acatamiento que hizo el Gobierno de la Provincia de la resolución del juez.
«Confío en las compañeras activistas de Salta, que las conozco, son enormes compañeras, hay abogadas excelentes y que se va a solucionar como se solucionó en cada provincia», completó.
«Siempre cuando se sanciona una ley hay una reacción de sectores antiderechos. Siempre han tratado de llevar estos casos a la Justicia. Y la Corte Suprema dijo que no se puede judicializar estos casos. Lo tiene que resolver la persona embarazada con el médico que la esté tratando», siguió Más, y dijo que «en la región hay una avanzada de una derecha que intenta en aquellos países que no lo tienen el derecho, no accedan, y hacer retroceder las conquistas legales de Argentina y Uruguay».
Sin embargo, la abogada mostró algo de optimismo: «Tenemos una situación diferente a otros momentos: el presidente había anunciado en campaña que iba a presentar un proyecto. Tenemos un Ministerio de Salud y uno de Género y un Movimiento de Mujeres enorme en todo el país. Hay un Estado presente».
