Gustavo Farquharson vinculó la decisión presidencial a concepciones retrógradas. Se solidarizó con sus ex compañeros, principalmente los de Salta, con quienes protagonizó grandes avances en materia antidiscriminatoria.
El Gobierno nacional anunció ayer que impulsará el “cierre definitivo” del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), como parte de la reducción de la estructura estatal. Los argumentos fueron repetidos como una letanía por distintos funcionarios libertarios: no sirve para nada, son “cajas” de la política o lugares para generar empleo militante.
Consultado por varios medios, el ex titular del organismo y hoy concejal capitalino, Gustavo Farquharson, se solidarizó con las y los trabajadores del instituto. “Me solidarizo y abrazo a mis compañeros/as de cada delegación –principalmente la de Salta– que con mucho compromiso desempeñan su labor”, escribió en sus redes sociales. Y consultado por este medio sobre el señalamiento de “militantes rentados”, Farquharson lo niega rotundamente.
“Son técnicos cuyo compromiso es luchar contra los discursos de odio, los prejuicios y las miradas retrógradas que los sectores hegemónicos de distintos periodos emplean para someter a otros por su condición racial, social, económica o de nacionalidad. Profesionales que se han especializado en disciplinas para conocer las normas legales, académicas y comunicacionales que desmontan tales miradas y la revierten para forjar una sociedad más inclusiva. En Salta son cuatro trabajadores que realizan una tarea enorme”, indicó.
Puesto a opinar sobre el argumento de que el organismo no “sirve para nada”, el ahora concejal manifestó. “Con estos profesionales hemos transitado años de grandes logros que contaron con el apoyo del gobierno provincial, municipios y organizaciones sociales. Un gran esfuerzo con resultados que fueron de menor a mayor. Además de recibir denuncias, dimos respuestas concretas. Impulsamos y conseguimos la sanción de la ordenanza municipal y de la ley provincial para capacitar y concientizar contra prácticas discriminatorias; trabajamos con referentes sociales de la talla de Octorina Zamora; acompañamos a víctimas de violencia sexual de pueblos originarios; desplegamos la campaña federal ´Escuelas Sin Discriminación´. Creo que al presidente le molesta la eficiencia de esos trabajadores que con poco hacen mucho. En el fondo, la pretensión del cierre definitivo muestra el desprecio del presidente Milei por los Derechos Humanos, su desinterés por prevenir y erradicar la violencia y la discriminación que sufren los colectivos históricamente vulnerados. Es un claro retroceso”, sentenció.
