Diputados provinciales y nacionales cuestionaron la nueva suba en la tarifa del transporte público y proponen soluciones como el «boleto obrero». La empresa Saeta no brinda datos de sus finanzas, lo que genera suspicacias.
La audiencia pública por el tercer incremento del boleto de colectivo en lo que va del año, que elevaría la tarifa a $742,53, generó fuertes críticas de parte de legisladores de diversos bloques políticos. 2024 comenzó con un pasaje de $110, y estos constantes aumentos se dan en un contexto de crisis económica que golpea los bolsillos de los salteños.
Roque Cornejo, diputado provincial del Bloque Ahora Patria, manifestó su rechazo al «excesivo aumento que solo apoya Saeta». Advirtió que muchos trabajadores «no van a poder pagarlo», especialmente aquellos cuyos empleadores no actualizan los salarios al ritmo de los incrementos en el transporte. En ese sentido, analizan impulsar un proyecto de ley para implementar un «boleto obrero» con un 50% de descuento, similar al que ya existe en Córdoba.
Por su parte, representantes de comercios minoristas expresaron su preocupación, ya que sus empleados requieren hasta cuatro boletos diarios debido a los horarios cortados. Cornejo subrayó: «No es justo que sean siempre los trabajadores quienes asuman los costos».
Además de cuestionar la magnitud del aumento, el diputado provincial insistió en la necesidad de que la empresa Saeta transparente su situación financiera. «Nunca se sabe la rentabilidad, quién se lleva la plata a casa», cuestionó, recordando que el último balance data de 2022.
Desde el ámbito nacional, el diputado de Unión por la Patria, Emiliano Estrada, también apuntó a la falta de información por parte de la empresa. Según Estrada, durante la audiencia, el presidente de Saeta, Claudio Mohr, no presentó la estructura de costos que justificaría el aumento.
Estrada sugirió que podría haber «una estrategia para utilizar la coyuntura de crisis actual» y la postura del nuevo gobierno nacional como excusa para recortar los subsidios provinciales. Advirtió que no corresponde que usuarios como una «empleada doméstica que gana 270 mil pesos» subsidie el costo de la gratuidad para jubilados y estudiantes, un compromiso que debería asumir la provincia.
El economista profundizó en las cifras, señalando que mientras se alega que Saeta ajusta por inflación, el aumento del 700% desde enero no se condice con la evolución de otros indicadores como el precio de la nafta o las paritarias, que en el mejor de los casos alcanzaron un 40%. «¿Entonces, cómo se explica?», interpeló.
