El diputado pidió derecho a réplica por las notas que dan cuenta de su paso por la Brigada de Rosario de la Frontera. Negó hechos que lo asocian a un homicidio, habló sobre sus cuatro meses preso, y atribuye todo a una campaña del intendente Gustavo Solís al que acusa de nepotista.
El policía que llegó a la legislatura por el partido de Alfredo Olmedo tiene la típica mirada de policía: inquisitiva, atenta y por momentos desdeñosa. Esperó a CUARTO en una mesa del Café Tribunales, un día después de comunicarse telefónicamente para asegurar que aquello que se publicaba no era cierto y pedía replicar porque su hija de 15 años lee con asombro y tristeza “las mentiras” que se dicen de él.
CUARTO le aclara que sus cuatro meses de detención por una denuncia de torturas están lejos de representar una mentira y el ex Jefe de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera es lo único que está dispuesto a admitir, aunque aclarando que tal información adolece de inexactitudes. Y al explicar las mismas, empieza el relato típicamente policial en donde abundan referencias a alcohol, pandillas, asesinatos y policías duros acusados de querer resolver todo a base de cachiporrazos y apremios.
“Los medios hablan de mi detención a partir de un caso ocurrido en el paraje de Copoquile en donde a un tipo le abrieron el cráneo. Yo era jefe de la Brigada de Investigaciones y tomamos intervención y se detuvo a tres personas que nos denunciaron. Estuvimos detenidos un día por eso y cuando nos estábamos retirando me avisan que iba a seguir detenido por otra denuncia: la de un violador de apellido López que hoy está condenado por violar a una pareja en el Arroyo San Martín. Es por la denuncia de un violador condenado por la justicia que quedo detenido… debe ser el único caso de la historia. Cuatro meses estuve preso. Unos días en la alcaidía a donde no me deberían haber llevado por mi condición de policía y luego en Infantería en Alto La Loma. Pasó a fines de octubre, luego vino la feria judicial y eso retraso todo”.
El caso del violador del Arroyo San Martín existe. Ocurrió en agosto del 2014 cuando un desconocido abordó a la pareja y armado con un cuchillo y una tumbera exigió a los jóvenes que mantuvieran relaciones delante de él. Cuando el pedido no fue satisfecho, el atacante golpeó al joven a quien luego obligó a presenciar cómo violaba a su pareja. Los hechos pueden corroborarse en el sitio del Ministerio Público Fiscal de Salta: Pablo Adrián López fue condenado por la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán a diez años de prisión efectiva por abuso sexual agravado con acceso carnal, robo calificado en concurso ideal en perjuicio de una mujer y robo calificado en perjuicio de su pareja.
Es el mismo sitio, sin embargo, que informó que Orozco, el sargento Víctor Luna, el cabo Rubén Medina y el agente Sebastián Reynoso habían sido detenidos por las denuncias de los detenidos en su momento por el asesinato de Martín López en mayo del 2016. La información es de octubre de ese año y el ahora diputado no la niega, pero atribuye todo a campañas de desinformación y a internas policiales de las que se sintió víctima y de las que nada dice, confirmando que los policías que se precian de tal, se sienten más policías si respetan los códigos de silencio no escritos pero vigentes en la fuerza. Orozco se contenta con aclarar que sus cuatros meses de detención obedecieron a la denuncia “de un violador condenado”, que el juicio sobre esa causa va a empezar pronto y al que asegura que se presentará sin hacer uso de ninguno de los beneficios parlamentarios con los que cuenta.
Lo que niega rotundamente es vinculación con lo publicado por algunos medios la última semana: la aparición sin vida en una celda de la comisaria 31 de Rosario de la Frontera de Claudio Valdivieso quien habría tenido signos de tortura. El caso se remonta al año 2012 y al respecto el diputado enfatiza: “Yo nunca trabajé en la comisaría 31. Sólo sé que Valdivieso estaba detenido por violencia familiar, que era alcohólico y que se ahorcó en la celda. A mí me envían a realizar un informe sobre lo ocurrido y de hecho pedí una sanción administrativa para el cuartelero pero nada que ver con algún tipo de presencia mía en ese lugar. Todo lo que digo pueden chequearlo y verán que es cierto”, enfatiza.
Pregunto entonces a qué atribuye él todo lo que ocurre. Responde que a cuestiones políticas. Sugiero que no habría que descartarlo, pero que antes responda a los señalamientos que lo muestran como un tipo violento, acusación que no representa una rareza para los policías en general y para los miembros de las brigadas de investigaciones en particular.
“Si un policía que trabaja en la calle no fue denunciado alguna vez por supuestos abusos, es porque nunca metió preso a nadie. Hay un imaginario social sobre la Brigada que la muestra compuesta por tipos pesados. Pero vos no podés hacer un allanamiento en un barrio pesado pidiendo permiso para desbaratar una banda de delincuentes”. ¿Usted alguna vez cacheteó a alguien?, vuelvo a preguntar. “Vos llegás a una casa con la orden de allanamiento y tenés que romper la puerta si es necesario; vos detenés a alguien y forcejeas para ponerle las esposas. Son cosas que ocurren en esos casos pero yo no estaba en el roce porque era el jefe de la brigada y dirigía a los efectivos. Claro que hay roces, pero vayan y pregunten en Rosario de la Frontera si alguna vez alguien me vio peleando. Nadie te va a responder que sí”. Orozco hace un movimiento de hombros como diciendo “así son las cosas, la violencia también puede ser pedagógica en ciertos casos” y da por terminado el asunto para ir a los motivos políticos que a su entender, explican las acusaciones mediáticas de las que es objeto.
“Todo empezó el domingo 5 de agosto cuando fui invitado a un programa que conduce el periodista Abel Díaz. Ahí hablé de la necesidad de poner un límite al nepotismo político y puse como ejemplo Rosario de la Frontera en donde el intendente Gustavo Solís tiene a muchos familiares en cargos importantes. Al día siguiente, el mismo periodista pero en un programa de radio, entrevistaba a Solis quien desmentía todo lo que yo había denunciado. Me cruzaron con él al aire y reitere que son varios los familiares que ocupan cargos claves en el gabinete. Solis cortó la comunicación. Ahí se reavivó la denuncia por una supuesta agresión mía a un periodista de Rosario de la Frontera en abril y del que no saldrá nada; un día después y por la misma causa apareció el pedido en la cámara de diputados para que se me investigue; luego aparecieron los artículos sobre mi supuesta participación en el caso Valdivieso y hasta el tema de mi sanción como presidente del Club Progreso en la que se me sanciona como presidente pero no como agresor del árbitro que aparte es un policía”, enfatiza Orozco como si la condición policial del mencionado lo resguardara de cualquier agresión de su parte.
Lo último hacía referencia al incidente ocurrido en la cancha del Club Progreso de Rosario de la Frontera del que Orozco era presidente hasta que el 9 de marzo del 2017. Ese día el Concejo Federal del Fútbol Argentino resolvió suspenderlo por un año como presidente de la institución por los hechos en el árbitro del partido fue agredido porque supuestamente habría perjudicado al equipo rosarino. Y aunque es cierto que en el documento no se deja registro que el ahora diputado fuera el agresor físico, sí consta que Orozco reclamó airadamente al referí su flojo desempeño y que la persona que propinó un golpe de puño al juez del partido se encontraba con el entonces presidente aunque no formaba parte de la comitiva del club.
Para Orozco, no obstante, todas son distorsiones, falsedades y enseñamientos contra su persona que obedecen a rencillas políticas con la cúpula del gobierno de su municipio; ejecutivo municipal que habría encontrado algunos aliados en la Capital con similares objetivos políticos: perjudicar la futura candidatura de Alfredo Olmedo a nivel provincial y la suya propia en el sur de la provincia. “Ellos están convencidos de que voy a competir por la intendencia de Rosario de la Frontera”, enfatiza el hombre que a pesar de su cuestionado accionar policial cosechó casi el 27% de los votos de ese departamento, confirmando así que para parte importante de la sociedad la mano dura tiene más prestigio que el respeto a las garantías individuales.
