Tras la escandalosa elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, algunos recordaron que el militar otorgó esa facultad a cambio de que la Corte legalizara el Golpe de Estado que el salteño lideró el 6 de septiembre de 1930.
La designación hace diez días de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como presidente y vice de la Corte Suprema de Justicia por sus propios votos y el de Maqueda y con la ausencia de los dos jueces restantes – Lorenzetti y Highton – fue una clara muestra de por qué la Justicia es el poder más desprestigiado de la nación según todas las encuestas.
En ese marco, varios se preguntan cuándo comenzó semejante desaguisado. Algunos responden que el 10 de septiembre de 1930 e involucran en la historia a un salteño de triste memoria: José Félix Uriburu, el hombre que el 6 de septiembre de 1930 protagonizó el primer Golpe de Estado del siglo XX al derrocar al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen.
Fue lo que escribió el periodista Horacio Verbitsky en un largo artículo titulado “Todos contra todos” en el sitio El Cohete a la Luna. Allí recordó lo ocurrido el 10 de septiembre de aquel año: “la Corte Suprema firmó una Acordada de triste celebridad. Sostuvo que el gobierno de facto encabezado por el general golpista José Félix Uriburu se encontraba en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para ‘proteger la libertad, la vida y la propiedad’. Por esas ‘razones de policía y de necesidad y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados’, dispuso ‘dar validez a sus actos’. Toda una confesión sobre el propio rol”, destacó Verbitsky.
Luego continuó del siguiente modo: “Desde la Constitución de 1860 y durante siete décadas, el Poder Ejecutivo había designado a cinco sucesivos presidentes de la Corte Suprema, con carácter vitalicio, según el modelo estadounidense. A cambio del reconocimiento del gobierno surgido del golpe militar del 6 de septiembre, que se llamó nacionalista pero cuyo gabinete fue integrado por directivos y abogados de empresas británicas, Von Pepe Uriburu resignó esa facultad y permitió que los jueces designaran a su presidente”.
“Colocar a la propiedad en el podio de los valores que cuentan para legitimar la violencia oligárquica contra la primera presidencia que representó en parte a las clases medias en ascenso, no fue un acto gratuito. La redefinición del rol de la Corte Suprema sigue siendo nueve décadas después un asunto de necesidad y urgencia”, concluyó el artículo.
