La Escuela de Antropología emitió un pronunciamiento respecto a la grave situación que atraviesan las comunidades que habitan el norte provincial.
El comunicado que circula las redes sociales fue emitido por la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). En él hacen referencia a los sucesos que en estos últimos meses pusieron el ojo de la prensa y el gobierno sobre lo que cotidianamente transcurren las comunidades del Chaco salteño.
La declaración de una emergencia sociosanitaria por parte del gobierno provincial y el anunció de intervenciones destinadas a paliar la falta de acceso a servicios de agua y de salud en las zonas afectadas, que hicieran en conjunto con el gobierno nacional, están -en consideración de la Escuela de Antropología- “enfocadas en atender las urgencias, sin ofrecer respuesta alguna a los problemas estructurales que desencadenan estas situaciones”.
En este marco, señalan que las muertes de niños por desnutrición derivan de la “pérdida de recursos básicos –incluyendo las fuentes tradicionales de agua– y del despojo de los territorios en los que las comunidades se han desenvuelto históricamente, tratándose de un indicador del abandono estatal y de violación de múltiples derechos humanos”.
Además remarcan que “a pesar de la existencia de legislaciones propicias, las sucesivas administraciones gubernamentales y los sectores privados violan cotidianamente estas leyes, acrecentando la vulnerabilidad de dichas poblaciones”. En este sentido apuntan a que dichas prácticas vienen acompañadas de “expresiones racistas y discriminatorias por parte de funcionarios públicos que emplean argumentos culturalistas para culpar a las propias víctimas. De esta forma se fomentan discursos que naturalizan las situaciones por las que atraviesan las poblaciones originarias, en vez de asumir una responsabilidad estatal histórica hacia las mismas”.
Para finalizar su postura, desde la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta repudian “el agresivo avance de la frontera agropecuaria y la agroindustria que desmonta, fumiga, degrada los territorios indígenas, desaloja y despoja violentamente a las poblaciones”. También sostienen que “la única forma de dar respuestas adecuadas a esta grave situación es no sólo aplicar las medidas que atienden urgencias, sino acompañar estos procesos a mediano y largo plazo. Ello requiere del involucramiento de los afectados, con protocolos de consulta y consentimiento válidos para las prácticas de los pueblos indígenas y la restitución de sus derechos”.
Cierran el escrito señalando: “En esta dirección adherimos a la exigencia de la Mesa de Derechos Humanos de Salta sobre el rol urgente que deben asumir los organismos estatales en asegurar los derechos humanos que están siendo violados, en el marco de políticas públicas y planes de gobierno de largo plazo”.
