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22 de noviembre de 1949 | Gratuidad universitaria y el rol del Estado en la educación

A 70 años del decreto con que Perón suprimió los aranceles universitarios posibilitando la universalización de la educación superior, el filósofo de la U.N.Sa. y ex decano de Humanidades, Alejandro Ruidrejo, reflexiona sobre aquel hecho.*

Hace setenta años se realizó el Primer Congreso Nacional de Filosofía y, como es sabido, el entonces presidente de la Nación transformó ese evento en uno de los más importantes de la historia de nuestro país, no sólo por la envergadura de los participantes, sino también porque lo cerró con un discurso que, publicado posteriormente bajo el título La comunidad organizada, formó parte de la doctrina filosófica del justicialismo.

En el análisis de la significancia que adquirieron el evento académico y el discurso, el filósofo Armando Poratti, en La Comunidad Organizada Texto y Gesto, sostenía que el Congreso participaba del carácter maldito del peronismo, y que la presencia de Perón no fue un acto casual, sino más bien una apuesta en la que desplegaba su modo de entender qué es el poder, cómo y sobre todo para qué hay que usarlo; a la vez que mostraba, no con una cultura filosófica académica, pero sí en un sentido profundo, qué es la filosofía y para qué sirve.

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Es sabido también que, si bien nunca se ha podido establecer qué otras manos intervinieron en la escritura de ese texto, se ha atribuido a algunos filósofos como Carlos Astrada, e incluso al jesuita Hernán Benítez, el haber tomado al discurso presidencial como campo de pugna buscando definir el sentido de su inscripción en el seno de la literatura filosófica. Años después el mismo Perón dirá: “a La comunidad organizada hay que leerla, aunque no me gusta o no me resulta satisfactoria. Yo había escrito un texto muy claro, muy lindo, y lo di para que lo arreglaran para filósofos… y me lo estropearon. Pero ahí está, igual sirve”. De esta manera, el trabajo anónimo de los filósofos arruinaba la potencia de una oratoria política que buscaba afirmar la apuesta por una tercera posición entre la guerra de todos contra todos hobbesiana y la lucha de clases marxista, que podía ser reconocida, aún bajo su estropicio filosófico, en un discurso pronunciado ante filósofos reunidos en una universidad, pero destinado a un pueblo por venir.

Puede reconocerse en el gesto del presidente una apuesta política que establece con la filosofía un juego de proximidades y distancias, donde pretende poner a circular su propia concepción al decir: “la filosofía debe llevar al campo de lo visible formas y objetos antes inadvertidos; y sobre todo, relaciones”. Quisiera retener esa afirmación, para recortarla de su contexto y ponerla a operar en el seno de un modo de entender la filosofía como problematización del presente, como un quehacer centrado en relevar en lo que sucede el conjunto de inquietudes que hace resquebrajar las certezas, abriendo el espacio de los interrogantes y distribuyendo posibles respuestas. Con ello pretendo señalar brevemente el campo de emergencia de la gratuidad universitaria argentina que, como es sabido, se llevó a cabo mediante un decreto del mismo Perón, promulgado el 22 de noviembre de 1949 y retroactivo al 20 de junio de ese año, fecha en la que mediante un discurso presidencial se decía lo siguiente:

“En los comienzos de mi presidencia después de más de un siglo de olvido, di cumplimiento a los deseos de Belgrano de resignar recompensa en dinero que le acordara el prócer al gobierno, invirtiendo los fondos necesarios para construir una escuela, como él lo dispusiera, en la ciudad de Tarija

Jóvenes argentinos:

Que nuestra bandera les recuerde siempre vuestros deberes de patriotas, prontos a ofrecer la vida en su holocausto, porque en sus pliegues sagrados están escritos, con las glorias y las tradiciones de la Patria, los deberes ineludibles que todos tenemos de defenderlas”.

Mediante esas palabras, la gratuidad universitaria ataba a “los jóvenes argentinos” a una deuda contraída con la Patria, que a través de deberes ineludibles comprometía el sacrificio de la propia vida y, de esta manera, se convertía en el hilo conductor que permitía sortear el olvido de un proyecto de nación, forjado por héroes como Belgrano. Perón remitía así a un pasado olvidado para fundar el valor de una acción de gobierno, pero a la vez eludía su más directa inmediatez, al no mencionar las múltiples formas en que, desde la Reforma universitaria de 1918 hasta llegar a los mismos forjistas, pasando por los proyectos de ley presentados por Manuel María de Iriondo en 1932, Alfredo Palacios, Julio V González, entre 1930 y 1940 y Alfredo Domingo Calcagno en 1947, distintos sectores habían planteado la necesidad de avanzar hacia la gratuidad universitaria. Ese recurso político y retórico es denunciado por figuras opositoras a Perón y permite que Mario Vargas Llosa, en su reciente libro La llamada de la tribu, lo sitúe en el conjunto de los líderes carismáticos que en sus discursos apelaban al irracionalismo del ser humano primitivo, que anida en el fondo más secreto de todas las personas civilizadas. A través de Popper y de Hayek, el nobel peruano llegó a abrazar la tesis de que la existencia tribal propia de los albores mismos de la humanidad había forjado una serie de sentimientos morales de solidaridad, que muy probablemente se hayan transmitido genéticamente hasta nuestras generaciones, dentro de los cuales se incluía a la justicia social.

Apoyándose, así, en sus colegas de la asociación de filosofía política fundada en 1947, conocida como Sociedad Mont Pelerin, Vargas Llosa sostiene que el (neo)liberalismo, cumple el papel civilizatorio de evitar que la ciudadanía, especialmente en el Tercer Mundo, retorne a ser una masa anodina, ahogada en su creatividad y enfeudada a un caudillo, tal como sucedió con las experiencias de las sociedades que han optado por un igualitarismo sin méritos y desconocido las bondades de la igualdad de oportunidades que el liberalismo sostiene.

Es precisamente en el centenario de la Reforma universitaria de Córdoba cuando el nobel peruano recupera los aportes de Milton Friedman, quien en 1955, el mismo año del derrocamiento del gobierno peronista, publicara el texto El papel del gobierno en la educación proponiendo que el camino para la mejor asignación de recursos públicos destinados a ese propósito consistía en subsidiar la demanda, no la oferta, a través de vouchers, cupones escolares, distribuidos entre las personas que requiriesen los servicios formativos. Convertir a los estudiantes en clientes y a las instituciones educativas en empresas resultaba la mejor opción para alcanzar la conciliación entre la libre elección de las personas y la calidad de la educación. A los ojos del escritor peruano, es inaceptable el hecho de que los hijos de las familias pudientes estén exonerados de pagar su educación, en sociedades donde esta es cada vez más costosa, dado que la sociedad civil tiene tanta responsabilidad como el Estado en mantener el mejor nivel educativo en base a la equidad.

Sabemos que los países que se embanderan tras esas racionalidades de gobierno han producido escenarios catastróficos, generando no sólo una epidemia de estudiantes universitarios endeudados hasta extremos impensados, sino también alimentando la voracidad de ganancia de una forma de capitalismo donde la especulación irrefrenable sobre las riesgosas deudas, produce colapsos del sistema financiero internacional y termina por exigir el sacrificio de nuestras sociedades para su rescate.

Es posible decir entonces que, si entre 1947 y 1955 la problematización del rol del Estado en la Educación contrapuso el sueño de convertir al campo educativo en un mercado a ciertas formas de intervención reguladora, la emergencia de la gratuidad universitaria argentina estuvo atada a un devenir en el que sufrió los propios quebrantos y las dignas reafirmaciones de la historia política y económica de nuestro país. Bajo períodos dictatoriales, pero también durante los neoliberalismos que se impusieron a través de mayorías electorales, la gratuidad universitaria fue vista como un impedimento para quienes apostaban a la regulación de la vida en común a través los imperativos del libre sistema de precios. Nuestro presente, mediante la Ley de Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior, coloca a la gratuidad en el centro de los debates sobre las reformas universitarias que es preciso realizar para la transformación de todo lo que en nuestras comunidades académicas pudiera impedir la debida graduación de sus estudiantes tras un tiempo y un esfuerzo razonables. Se juega en ello, en parte, la posibilidad de que los derechos y las libertades conquistadas en el orden universitario sumen esperanzas a las luchas por darle nuevas formas a nuestra vida en común.

 

*Éste artículo fue publicado originalmente en el sitio revistabordes.com.ar

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