Un estudio elaborado por más de cien investigadores del Conicet, mapeó la situación de las comunidades a nivel nacional en el contexto de la actual pandemia. Los reportes regionales mencionan al racismo y la desigualdad y los ejemplos salteños abundan.
El trabajo se titula “Los efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en las comunidades indígenas de la RMBA, NOA, NEA y Patagonia”. Fue presentado en junio. En el caso concreto de la salud, se dice “Existen dificultades entre las poblaciones originarias para acceder a la atención médica, ya que en algunos centros de salud reciben un trato discriminatorio, racista, exacerbándose en este contexto particular las históricas relaciones interétnicas desiguales”.
A partir del mismo, la periodista Lorena Oliva suscribió una larga nota publicada en el diario La Nación. En ella abundan datos empíricos de ese drama que viven los pueblos originarios salteños que explican un nivel de mortalidad importante. El drama comienza en los centros de salud de los pueblos, el primer contacto de las comunidades con el sistema sanitario. En la nota se relata el caso de una mujer de 25 años que cursaba los primeros tiempos de su segundo embarazo. Se llamaba Laurentina Nicacio que comenzó con una hemorragia. La mujer, de 25 años, contó que se acercó a la salita de su pueblo, General Ballivián, en el norte Salta, en donde la enfermera se negó a atenderla y la envió a hacer reposo. “Los malos tratos de las enfermeras hacia las comunidades son frecuentes”, se queja.
“Mientras me atendían, vi que cerca mío había una mujer wichi, como yo, pero de monte adentro. Tenía una tos terrible. Le pregunté a la médica qué tenía la mujer. ‘No sé porque no la entiendo, no habla castellano. Lleva internada más de una semana, pero todavía no pudimos hacerle nada’, me respondió. Discutí con la médica y logré contactar a esa mujer con su abuelo, que vivía cerca y desconocía que ella estaba internada ahí”, cuenta Laurentina. Gracias a esa internación se detectó que Laurentina tenía presión alta y hoy transita el sexto mes de su embarazo de manera saludable. “Siempre pienso qué habrá sido de esa mujer”.
El relato de Laurentina muestra una de las tantas formas que toma la discriminación hacia las comunidades originarias en nuestro sistema de salud. La médica y especialista en Salud Pública Elisabeth Ferrer cuenta que, más de una vez, vio quejarse a miembros del personal sanitario en los hospitales del Norte en los que trabajó porque las mujeres indígenas llegan a atenderse “con la chorrera de hijos”, o porque necesitan que sus parejas las acompañen durante la consulta. El ingeniero Eduardo Bertea, miembro del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), por la diócesis de Orán, asegura que, en algunas localidades, a los indígenas “se los examina de lejos y ni se los ausculta, como si estuvieran contaminados”.
En este contexto, no es de extrañar que algunos miembros de las comunidades sean reacios a concurrir a los hospitales. “En algunas comunidades, sus miembros comen por rachas y se hidratan con agua literalmente podrida. Su base inmunológica es muy baja. De cada ocho bebés, seis tienen problemas de salud. Pero las mamás evitan ir a los centros de salud porque nadie se esfuerza por entenderlas”, sostiene Diego Bustamante, de Pata Pila, organización que trabaja con las comunidades wichis del norte de Salta.
A principios de este año, una seguidilla de muertes por desnutrición de niños wichi en Salta sacudió por unos días la calma veraniega e hizo foco en la difícil situación de las comunidades más postergadas del norte del país. Pero lo que fue abordado por la mayoría de los actores intervinientes como una problemática que debía resolverse con agua y alimentos, desnudó situaciones de injusticia más profundas.
“Para las comunidades, sin territorio no hay salud. A los wichis les quitaron el monte y no tienen agua segura, pero después un médico ve a un paciente wichi y le dice: ‘hidrátese’, cuando el río más cercano está contaminado; o ‘haga dieta baja en carbohidratos’, cuando esa persona no tiene trabajo y tampoco dinero y come lo que puede, analiza Azpiroz Cleñan, miembro de la comunidad mapuche de Los Toldos y especializada en Salud Colectiva.
Según las cifras oficiales del último censo, hay un 1.000.000 de personas indígenas en el país. Pero algunos especialistas consideran que en aquel relevamiento estuvieron subrepresentados y estiman que la población originaria alcanzaría el doble de la cifra oficial.
“Cualquier indicador de calidad de vida que haga foco en la población indígena está por encima de la media cuando se analiza una problemática (mortalidad infantil, mortalidad materna, necesidades básicas insatisfechas, analfabetismo, etc.) y por debajo si la mirada está puesta en el acceso a derechos (educación, acceso al agua, posesión de una vivienda digna, etc.). Así, por ejemplo, según estudios de la doctora Ferrer, mientras que la tasa de mortalidad en menores de un año entre marzo de 2018 y marzo de 2019 fue de 9 por 1000 en la provincia de Salta, en las comunidades wichi de Santa Victoria Este era de 17 por 1000. En los menores de 5, la proporción es similar”, destacó el reporte de la periodista Lorena Oliva.
“No quiero desmerecer a toda la gente que cumple su rol social con amor pero el racismo es lo que impera. En parte, porque esos médicos que atienden crecieron con esa mentalidad. Desde que sos chico, te machacan con que son sucios, con que no son confiables y se los desprecia. Son pocos los que se esfuerzan por entender su cultura y sus costumbres”, concluye la médica, también docente, quien ha trabajado con comunidades de Salta.
El informe periodístico también se detuvo en la localidad de Morillo. Allí el que habló fue el ingeniero Eduardo Bertea, quien hace 30 años trabaja en lo zona. “No se ve el sufrimiento indígena. La mayoría que va al dispensario tiene que esperar. Son tímidos, no se acercan. Y a medida que va llegando gente, la atienden antes que a ellos. Para los wichis todo es más lento”, reconoce. Bertea cuenta que allí funciona un dispensario grande, sin respiradores, que hace las veces de hospital. Y que el hospital grande más cercano, queda a 190 kilómetros.
“No hay personal bilingüe. Hay dos agentes sanitarios que podrían oficiar de traductores pero salen a recorrer los parajes, que es su verdadera función”, explica. Acto seguido, asegura que es difícil encontrar traductores porque el bilingüismo no se cumple en la educación. “La mayoría de los maestros no habla lengua wichi. Si el maestro tiene buena voluntad para entender al chico, bien. Si no, fracasa”, sentenció.
La situación se contradice con lo que ocurre en otros países donde existe la figura del facilitador intercultural, un profesional que oficia de traductor durante la consulta, en la Argentina la presencia de alguien que traduzca y haga posible la comunicación entre médico y paciente es excepcional y no está formalizada. A modo de ejemplo, Laurentina Nicacio cuenta que Abi, su cuñada, trabaja como traductora en la salita de General Ballivián y que por esa tarea el municipio le paga 3000 pesos por mes.
El informe periodístico termina con un dejo de esperanza: que la pandemia es una gran oportunidad para barajar y dar de nuevo. “Este es un momento bisagra, tenemos que aprovecharlo y repensar el sistema de salud. Complementarlo con otros saberes que existen desde hace muchísimos años”. Esto sin dejar de resaltar una gran verdad: “Hay injusticias que únicamente pueden persistir con los años si cuentan con el aval estatal”.
