Jorge Prado fue condenado a seis años y medio por robar caños de un gasoducto. Varios consideraron que la pena era insuficiente y se indignaron cuando le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria que ahora tampoco deberá cumplir.
Difícil saber cuánto debe robar un político salteño para ir efectivamente preso. El caso de Jorge Enrique Prado lo confirma. Fue condenado hace un par de meses a seis años y medio de prisión por el robo de los caños del Gasoducto GNEA. La sentencia había dejado sabor a poco y la indignación creció cuando se anunció que gozaría de la prisión domiciliaria.
El 20 de diciembre pasado se viralizó una imagen más indignante aun: más allá de no salir, el condenado aparecía en su casa sonriente, pulgar levantado, botellas de alcohol en el piso, el arbolito de Navidad a un costado y el partido River-Colón de fondo. No parece ser la postal de alguien que cumple una condena.
Cuando la indignación por la relajada “prisión domiciliaria” de Prado empezaba a bajar, la justicia cerró el círculo de la impunidad: le levantaron ayer la prisión domiciliaria por lo que permanecerá en libertad hasta tanto quede confirmada la sentencia. La medida fue ordenada por la Cámara Nacional de Casación Penal, luego de un recurso interpuesto por el abogado de Prado, Fernando Teseyra, contra la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 en el juicio que concluyó a mediados de este mes.
La condena también incluía al empresario mendocino Diego Alos, que recibió seis años y también se encuentra con prisión domiciliaria, pero que en este caso no presentó ningún recurso contra esta medida, por lo tanto su situación no varió. El tercer condenado fue Adrián Vera, un operario al que le dictaron una pena de tres años y ocho meses, y es el único que la cumple en prisión, ya que está alojado en el Penal Federal de General Güemes. Al juicio llegó en condición de detenido ya que estuvo prófugo de la Justicia hasta mediados de este año.
Los tres condenados fueron encontrados culpables de robarse más de 200 caños del gasoducto del NEA, cuya construcción se había paralizado a la altura de Aguaray, en el 2015, con la llegada del macrismo al gobierno nacional. Los caños tenían un valor de 5 mil dólares cada uno y la entrega de los mismos al empresario Alos fue una de las primeras acciones que emprendió el ex intendente apenas asumió en 2019, con la excusa de que generaban un daño ambiental.
