Provincias como la nuestra tienen entregada una enorme cantidad de áreas de explotación sin que nadie ponga plata. La situación es explicada por el marco regulatorio nacional distinto a los existentes en Chile y Bolivia.
Martín Obaya es investigador de Conicet y Director del Cenit de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín. Hoy declaró al diario Página 12 que si bien hay más de 50 empresas involucradas en el negocio del litio en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, lo cierto es que apenas un puñado está produciendo.
Al pedírsele que caracterice el estado actual de las inversiones, Obaya precisó que hay dos proyectos que producen litio y están en fase de expansión – Orocobre y Livent -, que existe un segundo nivel que incluye al único proyecto nuevo que el año que viene entraría en producción: Exar, de la china Ganfeng con Lithium Americas. “En un tercer nivel están los proyectos que tienen la parte técnica resuelta pero falta definir el fondeo. Ahí aparecen la surcoreana Posco, la australiana Galaxy y la francesa Eramet. Son empresas que ya han estado invirtiendo pero todavía no dieron el salto de dinero. El resto son todas suposiciones. Es un negocio muy especulativo en donde hay muchos anuncios pero pocos concretan”, destacó.
A la hora de explicar cómo funciona esa especulación, el experto explicó que “el marco regulatorio argentino facilita el otorgamiento de tenencias mineras. Eso explica por qué hay 50 o 60 mineras en la Puna, pero apenas un puñado realmente operando. La mayoría de esas empresas están parados en el salar esperando revender su tenencia. Están haciendo un negocio inmobiliario. Las empresas hacen anuncios para aumentar su valor de mercado en un contexto internacional muy favorable, porque efectivamente se confirmó el despegue de la electromovilidad”, destacó para luego resaltar lo siguiente: “el marco regulatorio explica la paradoja de que el país tiene entregada una enorme cantidad de área de explotación pero nadie pone plata, excepto casos muy puntuales. Esta situación no sucede ni en Chile ni en Bolivia”, sentenció.
A continuación, Obaya precisó que en Chile la regulación es bien rígida: la tenencia está en manos de actores públicos pero la operatoria es privada, cuenta con regalías móviles que van del 6 al 40%, frente a un 3% en el caso argentino. “Además, hay un monto que pagan las empresas en favor de las comunidades y otro para financiar centros de investigación. Por último, el Estado definió una cuota del 25% de la producción que queda a disposición del mercado interno para otorgar a precio preferencial a un potencial inversor que busque avanzar en la cadena de producción del litio”, detalló.
Sobre Bolivia, Obaya recordó que en el año 2007 el Estado decidió que toda la cadena del litio tenga una fuerte participación estatal. “Logró crear una infraestructura en Potosí y se generaron plantas piloto mediante un proceso exitoso de aprendizaje tecnológico. Pero el sector público no pudo resolver la fase industrial, en un contexto político muy complicado porque en el medio estuvo el golpe de Estado. Más allá de algunas iniciativas, hoy en día el proyecto boliviano está en la nada”, destacó.
