Héctor Mariscal Astigueta dispuso liberar a la médica que ordenó detener durante la mañana de hoy. En el 2015 mereció el repudio generalizado por su pésimo desempeño en el caso de la niña wichi de 12 años violada en banda.
El caso de la detención de la médica del Hospital Juan Domingo Perón por practicar un aborto legal conmocionó al país y movilizó al movimiento de mujeres. La presión fue tanta, que el magistrado que había ordenado el arresto dio marcha atrás, aunque dispuso una serie de restricciones a la profesional: deberá – mientras dure el proceso – presentarse semanalmente ante la Fiscalía Penal y tiene prohibido ausentarse de la ciudad de Tartagal sin autorización previa del Tribunal.
La situación deslizó a muchos a repasar el recorrido judicial del juez que dispuso la detención. Con solo googlear su nombre la red devuelve un antecedente espantoso: intervino en el dramático caso de “Juana”, el nombre ficticio con que se denominó a la niña víctima de una violación en manada y conmocionó a todo el país.
“El 28 de noviembre del 2015 Juana, quien en ese momento tenía sólo 12 años, fue encontrada desvanecida en la zona de la triple frontera entre Salta, Bolivia y Paraguay, en el paraje Alto La Sierra, a unos 85 kilómetros del municipio de Santa Victoria Este. Había sido brutalmente violada por ocho hombres. Sus padres realizaron la denuncia judicial correspondiente”, recordó el sitio www.cba.24n.com.ar
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, pidió la detención de los acusados mayores de edad, pero al tiempo fueron liberados por falta de pruebas. Al poco tiempo se supo que, como consecuencia del brutal ataque, la niña había quedado embarazada. Cazón volvió a pedir la detención de los 5 mayores, pero el juez Mariscal Astigueta sólo ordenó la detención de uno de ellos. Las actuaciones llevadas a cabo por ambos estuvieron plagas de irregularidades que motivaron finalmente el apartamiento de ambos. Al abuso, la violencia y la humillación se sumaron más aberraciones: a la niña se le negó el acceso a la medicación anticonceptiva de emergencia prevista para estos casos, eso provoco un embarazo no deseado y luego tampoco accedió al aborto no punible que la legislación vigente preveía. La provincia en ese entonces contaba con el protocolo 1170 que reglamentaba el acceso al derecho al aborto no punible en casos de violación (Derecho otorgado también por el Código Penal de 1921).
Tras meses de lucha que involucró a la familia de Juana y al movimiento de mujeres, el 3 de junio de 2016 la niña fue intervenida quirúrgicamente. El bebé nació anencefálico y murió a los pocos minutos. “La cesárea que se le hizo a la niña, vulnerando todos sus derechos, se realizó en el Hospital Público Materno Infantil, de Salta capital, tras haber sido obligada a maternar luego de una violación”, resaltan los medios que fueron a bucear en el caso que involucró al juez Astigueta que hoy volvió a concentrar la atención al ordenar la detención de un profesional que practicó un aborto legal y es la única no objetora de conciencia en el nosocomio de Tartagal para estos casos.
Pero volvamos al pasado del juez en el caso de Juana. El entonces juez de la Corte de Justicia de Salta, Abel Cornejo, pidió un Jury de Enjuiciamiento en contra de Mariscal Astigueta y el fiscal Cazón. Por entonces los medios resaltaban lo siguiente: “Astigueta había liberado a los acusados a los tres meses, sin obtener pruebas de ADN, en un poblado a 10 kilómetros de la frontera provincial y muy cerca de la internacional (…) Por Cazón, Cornejo pidió la intervención de la Procuración provincial. Cazón se había mostrado interesado en subrayar que los acusados no serían los padres del bebé fallecido después de la cesárea, sin aguardar las pruebas de ADN, porque había sostenido que la niña había quedado embarazada un mes antes. (Página 12; 10/6/2016)
El mismo medio en la misma fecha remarcaba la opinión del juez Mariscal Astigueta del siguiente modo: “invocando jurisprudencia que nada tiene que ver con el asunto que se trata, recién a partir del 3 de junio del corriente, comenzó a movilizar de manera paquidérmica y con preocupante incuria la maquinaria judicial. Por cierto que nada se sabe si los presuntos culpables pueden ser hallados a la fecha, si se dieron a la fuga o si acaso adulteraron las pruebas que podrían incriminarlos en el hecho atroz”. (Idem)
El entonces juez de Corte, señala al fiscal y al juez de haber protagonizado mal desempeño, retardo de justicia e incumplimiento de sus deberes por la múltiple violación de la niña wichí. Al poco tiempo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta declaró inadmisible la acusación contra el juez y el fiscal. Por mayoría, los integrantes de jurado expresaron que “las imputaciones efectuadas no se revelan conducentes para habilitar la instancia de enjuiciamiento en los términos del art. 160 de la Constitución Provincial, por lo que corresponde, a tenor de lo dispuesto por el art. 12, segundo párrafo, de la Ley 7138, declarar la inadmisibilidad formal de la acusación particular”.
Recién en febrero del año 2019 los abusadores de Juana recibieron una condena ejemplar: el Tribunal de Juicio de Tartagal condenó a 17 años de prisión a seis hombres por la violación en banda a la niña wichi, declaró responsables penales a otros dos hombres que eran menores de edad cuando se cometió el hecho.
Héctor Mariscal Astigueta ya había sido apartado de la causa. Su nombre había quedado relegado a las crónicas del caso Juana. Hoy volvió a cobrar triste notoriedad por haber sido el juez que ordenó la detención de la profesional que practicó un aborto legal y en menos de 12 horas dio marcha atrás ante las manifestaciones de repudió que su accionar generó en la provincia y el país.
