Tambalea la aventura del administrativo que aprovechó su aparente titularidad en el paquete accionario para desplazar al propietario del corredor 8. Una Asamblea que buscaba terminar con el conflicto fue denunciada por un accionista que dice no haber participado aunque la escribana lo hizo figurar en el Acta. (D.A.)
He aquí una historia que confirma que el dinero no hace ni mejores ni más inteligentes a las personas. Todo comenzó el jueves 16 de noviembre en las instalaciones que la empresa Ahynarca posee en barrio Intersindical cuando los trabajadores fueron testigos de una escena insólita: el hombre al que todos consideraban dueño de la empresa era retenido por la fuerza policial que le explicaba que el directorio y el titular de la firma le tenían vedado el paso a la oficina que había ocupado durante años.
El retenido era Héctor Rodríguez y quien ordenaba expulsarlo Walter Pérez, un administrativo que cumplía y hacía cumplir las órdenes del primero. Pero esa mañana Pérez se proclamó como el principal accionista de la concesionaria de transporte que posee 56 unidades valuadas en $2.400.000 cada una. Todos en la empresa y ahora casi todos en el ámbito del transporte público susurraron lo obvio: estaban ante “un golpe empresarial” que contó hasta con presencia policial para garantizar que el directorio – integrado por quienes habrían sido testaferros – desplazara al propietario de la firma.
Rodríguez reaccionó de dos formas. La primera fue realizar cinco denuncias penales contra Pérez por retención de dinero, documentación y hasta del vehículo que usaba; denuncias que transitaron un recorrido sinuoso: la fiscalía de Limache a cargo de Maximiliano Troyano quien la derivó a la de Graves Delitos Económicos que se la devolvió a Troyano que entonces la remitió al Procurador General que finalmente instruyó que Graves Delitos Económicos se ocupara del caso aunque hasta ahora nada ocurrió. Fuentes irreprochables aseguran que Pérez ni siquiera fue citado a declarar y la razón que aventuran esas fuentes es simple de verbalizar: los vínculos familiares entre algunos funcionarios de ese organismo judicial con la esposa del denunciado, mujer que a su vez poseería vínculos filiales con el entorno del gobernador.
Lo que sí le dio resultados a Rodríguez fue otra cosa: llevar a la justicia un documento que evidenciaba que Pérez podía aparecer como principal accionista de la empresa aunque – como buen testaferro – había rubricado un acta menos conocida en donde cedía esas mismas acciones a Rodríguez cuando acordaron fundar la empresa. La maniobra era desesperada por desnudar los pecados del propio Rodríguez. Un hombre de negocios que prefería no aparecer como propietario por haber sido el principal accionista de la empresa San Cayetano a la que declaró en quiebra antes de crear Ahynarca.
Desesperado o no, el movimiento fue efectivo. Desde entonces la trama gira en torno a la existencia o no de ese documento. Nadie duda ya que el objetivo de Pérez aquel 16 de noviembre al “tomar por asalto” la oficina de su empleador era apoderarse de documentos de ese tipo, cosa que efectivamente habría ocurrido con al menos cinco casos de testaferros menores. El problema para el líder del “golpe empresarial” fue que el acta que él mismo había rubricado en el año 2012 no aparecía entre los papeles “recuperados” y era Rodríguez quien aseguraba poseer el escrito que involucraba poco más de 70.000 acciones sobre un total de 110.000.
El giro
A siete meses de aquellos hechos y tras una declaración de guerra a muerte por parte del derrocado, se puede asegurar que la secreta “cesión de acciones” existía. Ello combinado con la euforia bélica demostrada por Rodríguez más el hecho de que el complotado Pérez parece carecer de los nervios de acero que decía tener; produjo una reunión en donde ambos bandos redactaron un acuerdo que diera por finalizado el conflicto. El mismo tomó la forma de un convenio suscripto entre Rodríguez y Pérez garantizado por Ahynarca S.A. que en ese acto fue representada por el vicepresidente de la firma: Esteban Patrón Costas.
El convenio fue celebrado en febrero pasado y reconoce el “Acta” de cesión a favor de Rodríguez aunque la misma fue impugnada por cuestiones técnicas: carecía de especificaciones sobre el precio de las acciones y de la conformidad de la esposa de Walter Pérez. Esos aspectos acorralaron a Rodríguez quien finalmente aceptó los puntos del acuerdo que le redituaron una importante suma de dinero disfrazada de renta vitalicia a favor de él o de su hermano en caso de fallecimiento del primero; más una camioneta 4 x 4. A cambio Rodríguez debía desistir de las denuncias y las demandas que había entablado contra Pérez y el directorio.
Lo acordado debía ratificarse mediante una Asamblea que según el acta rubricada por la escribana Mariela Edith Echazu, contó con la presencia de los accionistas Walter Guillermo Pérez, Esteban Patrón Costas, Jorge Ricardo Vay, Juan Carlos Moreira, José Antonio Ortíz y Héctor Daniel Díaz, éste último un Testigo de Jehova que con tesón recorre las calles para anunciar la palabra de Dios aunque el pecado de la codicia lo terminó devorando y ahora su nombre está registrado en una denuncia de la terrenal Fiscalía de Delitos Económicos.
Tal Asamblea fue denunciada por un accionista que asegura no haber participado de la misma. No se trata de algo menor. La misma había sido convocada en calidad de “unánime”, condición que permite citarla sin necesidad de publicar un edicto aunque la validez depende de dos cosas: que todos los accionistas estén presentes y que unánimemente aprueben los temas tratados. El denunciante fue Esteban Patrón Costas, el vicepresidente de la firma quien ante escribano aseguró en abril pasado que él ni convocó ni participó de la Asamblea de febrero; y que tampoco avala lo allí acordado no obstante la opinión contraria de un asesor jurídico. CUARTO no pudo identificar a éste último aunque sí podemos asegurar que se trata de otro apellido aristocrático y que desembarcó en la empresa a pedido de Rodríguez aunque hoy busca desmenuzar leyes para ponerlas al servicio de Pérez.
Pero volvamos al denunciante de la Asamblea: Esteban Patrón Costas. Hagámoslo para enfatizar que varios se sorprendieron de su conducta porque había sido él quien estableció los contactos con Rodríguez para darle fin al conflicto. La supuesta paradoja se disipa cuando otros trabajadores aseguran que la oposición de Patrón Costas a lo resuelto obedeció a su negativa aceptar que la empresa se haga cargo de deudas que son propias de Walter Pérez quien tratando de ganarse el apoyo de su entorno y hasta de los trabajadores se sumergió en una orgía de populismo empresarial que incluye nombramientos de familiares y amigos, asados y pescas colectivas, reuniones sociales y fiestas plagadas de sorteos para trabajadores que enflaquecen las arcas de la empresa y habrían generado el cierre del servicio de viajes especiales vinculado a la industria del turismo.
Lo seguro, no obstante, es que la impugnación a la mencionada asamblea ya habría deslizado a Rodríguez a otro despliegue generalizado para recuperar una empresa que él asegura es enteramente suya. Es lo que suelen hacer quienes estando dispuestos a dar combate, descubren que el bando contrario comete demasiados errores, se fragmenta, se desmoraliza, se cansa y empieza a desear que todo acabe de una buena vez.
