Se hizo famoso por permitirle a una empresa retirar caños del gasoducto GNEA y entregárselos a una compañía mendocina, aunque los trabajadores precarizados del municipio lo denuncian por haber bajado los haberes de 13 mil a 8 mil pesos.
El pueblo de Aguaray sufre al dengue y al coronavirus, pero también al intendente de la localidad. A principios de marzo cobró notoriedad al ser denunciado por permitir a una empresa retirar caños “nocivos para el ambiente” del gasoducto GNEA y entregárselos a la compañía mendocina Osyp SA. El hecho fue de una gravedad sin precedentes por desmantelar una obra que, aunque paralizada, incluía el trabajo de años.
Mientras esas denuncias lo mantienen acorralado en términos políticos, Jorge Prado se las ingenia también para atentar contra el ingreso de los empleados más precarizados del pueblo: los trabajadores “eventuales” que sin un sueldo fijo realizan tareas tan diversas como el barrido y limpieza, albañilería y actualmente control vehicular para garantizar el aislamiento del pueblo en tiempo de coronavirus.
Varios de ellos se comunicaron con nuestra redacción para denunciar lo que están viviendo por estos días: un procedimiento municipal que mina mes a mes sus magros ingresos. “Durante la gestión de Alfredo Darouiche se estableció el pago de 55 pesos por hora trabajada que tenía un tope de 180 horas al mes. Eso suponía ingresos de hasta 13.000 pesos que nos costaba sangre, sudor y lágrimas, pero lo hacíamos por unos pesos más. Cuando Prado asumió redujo el tope a 150 horas lo cual ya nos perjudicaba, pero ahora decidió que tendremos un ingreso mensual fijo de 8.000 pesos. Eso significa 5.000 pesos menos en apenas cinco meses y cuando los precios suben día a día con esta crisis”, relataron con una mezcla de ira y resignación.
La razón que los afectados encuentran a lo que están viviendo la atribuyen a la voluntad del intendente de incorporar en la planta a las personas que trabajaron en su campaña electoral. “Los que efectivamente trabajamos no somos más de 60 trabajadores y la cantidad de personas que están inscriptas como tales siempre fue mayor. Ocurría durante la gestión de Darouiche cuando los que cobraban era como 300, pero ahora cobran más de 600 y la enorme mayoría no trabaja ni un día. Está clarísimo que aquellos que sí trabajamos estamos subsidiando a los punteros de Prado. No podemos ni reclamar porque nos aclaran que si no nos gusta hay otros que querrían el lugar”, lamentaron los denunciantes que por razones obvias pidieron resguardar su identidad.
