La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la iniciativa de la legisladora Silvia Varg. La misma permite a los jueces establecer consigna policial al agresor y no a la víctima de violencia de género, tal como ocurre ahora.
La iniciativa modifica el artículo 10 inciso “q” de la Ley 7888 que refiere a las medidas que debe implementar un juez al tomar conocimiento de una situación de violencia de género. Hasta ahora, el inciso “q” obliga al magistrado a disponer reglas de conducta para prevenir nuevos hechos, pero si la modificación aprobada anoche es acompañada por los senadores se dará un giro en la manera de legislar sobre la materia en la provincia: poner el eje en el control del violento para evitar que siga hostigando a la víctima.
La autora del proyecto, Silvia Varg (Salta Tiene Futuro), remarcó que uno de los objetivos principales es evitar la revictimización de las mujeres denunciantes, “que en condiciones de precariedad física y psíquica tienen que soportar la presencia de las consignas en sus domicilios, y que por testimonios recogidos sienten que no las protegen, porque en definitiva su agresor sigue libre y con posibilidad de repetir las actitudes violentas”.
Varg recordó en los argumentos del proyecto que en Salta hay un antecedente al respecto cuando en febrero de este año la Justicia pidió dejar con consigna policial a un agresor por 20 días, hasta tanto se provea a la mujer de un botón antipánico que en ese momento no estaba disponible. Además, el proyecto aprobado ayer incluye un nuevo inciso al artículo 10, que habilita al juez a prohibir expresamente la comunicación del agresor con la víctima y su grupo familiar.
Otro de los sustentos esgrimidos por Varg en los fundamentos refiere al Informe Anual 2019 publicado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la provincia, con datos recabados del año 2018. Allí se indica que el 36% de las personas que solicitaron medidas de protección a la Justicia, deben volver a recurrir a ella con una nueva denuncia.
