En medio de las críticas que reciben por congelar el debate del proyecto de ley que impulsa la intervención del municipio, la presidenta de la Comisión de Legislación General remitió un escrito al Fiscal Federal, Eduardo José Villalba.
La investigación en torno al robo de caños del gasoducto NEA avanza desde diferentes ángulos y el más complicado es el jefe comunal, autor de la resolución mediante la cual se autorizó la extracción de estos caños a la empresa de Daniel Alos.
La diputada provincial, Socorro Villamayor, citó al fiscal Eduardo Villalba quien lleva adelante la investigación en la que ya se encuentran imputados el intendente Prado, su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes y el titular de la empresa OSYP S.A., Daniel Alos. El objetivo de la visita del fiscal a la Legislatura Provincial es informar a los diputados sobre los hechos que motivaron la acción penal, el estado de la causa, las resoluciones dictadas, cual es la situación procesal del intendente Prado y si existe una estimación del daño o perjuicio provocado por el presunto ilícito.
El escenario se complica para el jefe comunal ya que, con esto, el Proyecto de Intervención de Aguaray queda a un paso del recinto y Prado un paso afuera del municipio.
