La Sociedad Interamericana de Prensa – organismo con sede en EEUU que defiende la libertad de expresión en toda América – manifestó preocupación por lo ocurrido en Salta. Asemejó la iniciativa de Socorro Villamayor con la del gobernador de La Rioja.
La iniciativa de la diputada provincial Socorro Villamayor, fue puesta a la altura de la pretensión del gobernador de La Rioja, quien pretende regular la prensa independiente, y sendas disposiciones políticas fueron analizada por el organismo con preocupación.
«Lamento que en un país con tanta historia y jurisprudencia sobre libertad de expresión, en el que la Constitución nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos», comunicó el presidente de la SIP.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por sendas acciones legislativas que impulsan los gobiernos provinciales de Salta y La Rioja, en Argentina, para sancionar en un caso la difusión de noticias falsas y, en el otro, propiciar una reforma constitucional que podría afectar las libertades de expresión y de prensa.
En Salta, un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados castiga con arresto y/o multas a «quien difundiere noticias falsas» en el espectro digital. De aprobarse, el artículo 50 de la iniciativa autoriza castigos para quien «cree noticias falsas, infunda pánico, desacredite personas o autoridades provinciales».
Michael Greenspon, presidente del SIP, expreso: «Lamento que en un país con tanta historia y jurisprudencia sobre libertad de expresión, en el que la Constitución nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos». Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, recordó las declaraciones de Chapultepec y de Salta, esta última sancionada justamente en la provincia argentina que ahora impulsa la polémica ley.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, agregó que en Salta, la nueva propuesta legislativa es ambigua y peligrosa. «Parece que los funcionarios disfrazan una loable acción para limitar las mentiras, en la creación de un escudo protector para atajar las críticas, las opiniones y las investigaciones periodísticas que los tienen como destinatarios». Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, subrayó que «es igualmente autoritario que un gobierno trate de calificar qué es bueno o malo, verdadero o falso, en materia de comunicación e información».
Greenspon y Jornet indicaron que para combatir la desinformación, los gobiernos deberían impulsar políticas públicas de alfabetización noticiosa y digital y medidas que fortalezcan el periodismo profesional y abstenerse de imponer mecanismos de censura o sanciones penales. Recordaron también que la SIP «rechaza leyes o regulaciones que afecten la independencia y los criterios editoriales de medios y periodistas».
