El informe de Derechos Humanos del CELS muestra que en Salta no se logró lo previsto con la desfederalización.
En su reciente informe sobre Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) critica la política de microtráfico implementada por Salta y que el presidente Mauricio Macri elogió durante el debate presidencial.
Para el CELS, la política de desfederalización de la persecución del narcomenudeo reforzó la tendencia a perseguir delitos menores en los que la mayoría de los involucrados son personas de escasos recursos económicos.
Salta adhirió a la política de desfederalización en 2014. Desde entonces, los objetivos propuestos no se cumplieron. El informe asegura que el gobierno provincial no logró hacerse cargo de las situaciones de consumo y venta de drogas en los barrios ni descomprimir el trabajo de los juzgados federales para que se pudieran enfocar en los casos más complejos del tráfico y comercio de drogas.
«En la práctica no se cumplió con ninguno de esos dos objetivos. La política de desfederalización se expresa hoy en la participación de las policías provinciales en la ‘guerra contra el narcotráfico’, lo que ha significado un traspaso masivo de recursos de seguridad y penales a la persecución de los delitos más leves», explica el informe.
«Al mismo tiempo -agrega-, la medida se convirtió en una herramienta que aumenta el poder arbitrario de las policías provinciales en los barrios pobres. A su vez, el fuero federal no muestra mayor efectividad ni destinó los recursos que usaba en perseguir los delitos de menor escala para perseguir ahora a los más graves, por su dimensión económica, por su violencia o por la participación estatal en las redes ilegales».
Para el CELS, la desfederalización generó un aumento pronunciado de las causas por delitos menores asociados al consumo, la tenencia o la comercialización de drogas, y acentuó el poder punitivo del Estado sobre las personas pobres.
El informe también muestra que la cantidad de personas privadas de la libertad por delitos de drogas creció un 47% entre 2015 y 2017, sin contar las estadísticas de Gendarmería y Prefectura.
Agrega que la población encarcelada por delitos de drogas en todo el país crece con rapidez y la gran mayoría son personas que cometieron delitos leves. Eslabones de fácil reemplazo en la cadena de comercio de estupefacientes como los “soldaditos”, vendedores minoristas, personas usadas como correos o microtraficantes.
El 65% de las personas condenadas por delitos de drogas durante 2017 recibieron penas de cuatro años o menos. Al mismo tiempo, una gran parte de las personas encarceladas por drogas se encuentran con prisión preventiva, es decir que son técnicamente inocentes.
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