Las comunidades originarias de los Valles Calchaquíes están alarmadas debido al ingreso subrepticio de compañías mineras en su territorio, generando preocupación y movilización por parte de los pobladores. Liz Rivadeneira, delegada de educación y comunicación del pueblo diaguita, ha participado activamente en la asamblea de autoconvocados de la región y compartió su perspectiva sobre esta problemática.
El pasado 31 de mayo, en la Comunidad Diaguita Calchaquí Rodeo de La Poma, en la Provincia de Salta, se llevaron a cabo intensas jornadas donde se reafirmó la decisión de rechazar la minería. Durante la reunión, autoridades tradicionales, representantes de distintas comunidades y funcionarios gubernamentales expresaron su preocupación por los impactos negativos de la explotación minera en el territorio y la contaminación del río Kallchaquí, que abastece de agua a diversas comunidades. Se realizaron gestiones y presentaciones ante organismos gubernamentales, y se solicitó el cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe la minería en el municipio.
En una entrevista para el programa Cuarto Oscuro (FM La Cuerda 104.5), Liz Rivadeneira, quien es parte de la comunidad Diaguita Calchaquí Pucará Angastaco y participó de la asamblea antes mencionada, expresó su agradecimiento por la oportunidad de brindar información sobre lo acontecido, resaltando la dificultad de encontrar medios dispuestos a difundir noticias de este tipo. Según ella, los medios oficiales no le dan la importancia debida a estos sucesos.
Rivadeneira explicó que en los Valles Calchaquíes, en particular en las zonas de Cachi y La Poma, se ha vuelto relevante el tema de la minería. Además, como representante de la comunidad, adviertió sobre los riesgos asociados a la explotación minera en la región. Una de las principales preocupaciones es el impacto ambiental, especialmente en relación con el agua. El río Calchaquí, que abastece a todas las comunidades de la zona, se vería gravemente afectado por la contaminación generada por las empresas mineras que buscan explotar, por ejemplo, metales como el oro. Así también, la entrevistada acotó que la agricultura, sustento de las comunidades, se vería seriamente comprometida debido a la imposibilidad de utilizar el agua del río siquiera para riego.
La comunidad ha realizado diversas presentaciones y ha llevado adelante acciones para proteger su territorio. Inclusive, a través de una ordenanza municipal, el municipio de Cachi declaró su rechazo a la minería en la región, buscando resguardar su salud y bienestar. Sin embargo, persiste la preocupación ante la impunidad con la que operan ciertas empresas mineras, como lo demuestra la presencia de máquinas excavadoras que fueron descubiertas abriendo camino en territorio comunitario sin autorización de la justicia y con supuestamente total desconocimiento del juzgado de Minas. En relación a este tema, Rivadeneira destacó que carecen de información precisa sobre la empresa responsable y sus objetivos mineros. Aunque se manejan datos extraoficiales, se desconoce oficialmente quién está detrás de la actividad. La jueza encargada del caso ha confirmado que no dio ninguna autorización para realizar la obra, lo que implica una violación de la ley y una actividad ilegal.
El futuro de esta situación aún es incierto. La comunidad está dispuesta a brindar toda la información requerida y continúa investigando para proteger sus derechos y territorio. Si bien las máquinas excavadoras se retiraron, la comunidad permanece en estado de alerta y las autoridades están preparadas para movilizarse ante cualquier eventualidad. A pesar de las preocupaciones manifestadas, Liz Rivadeneira reconoció la importancia de la movilización popular para defender sus reclamos en caso de que la situación avance.
