La Corte de Justicia niega información sobre los gastos en viajes de los miembros del Poder Judicial. Aseguran que el reglamento no lo obliga y que el volumen de documentos que ello involucra entorpecería el trabajo de la Justicia.
“La Secretaría de Superintendencia del Poder Judicial resolvió negarnos información sobre los gastos en viajes nacionales e internacionales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Salta correspondientes a los años 2.015 y 2.016”, reseñó el sitio “Salta Transparente” que dirige el abogado Gonzalo Guzmán Coraita.
Este último habló de ello en el programa “Hablemos de política” que se emite por FM Aries en donde aseguró que la situación amerita aquella frase que reza. “Haz lo que yo ordeno pero no lo que yo hago”, en referencia al hecho de que la misma Corte ordenó a sectores políticos suministrar información a los medios.
El episodio empezó cuando Salta Transparente solicitó la información referida al Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Guillermo Catalano, y el rechazo a la misma lleva la firma de la Secretaria de Superintendencia, Dra. Marina Russo y fue emitido el pasado 12 de junio, luego de que requiriéramos de manera reiterada al Presidente de la Corte un pronunciamiento al respecto.
Como fundamento a la negativa a brindar información, el Poder Judicial alegó que la búsqueda y extracción de la documentación requerida, atento a su voluminosidad, «afectaría el normal funcionamiento de varias dependencias de este Poder Judicial» (SIC).
Señaló también que los gastos cuya información requerimos son afrontados con las partidas presupuestarias que se encuentran sujetas al control de la Sindicatura Interna del Poder Judicial y de la Auditoría General de la Provincia.
Frente a tal rechazo, realizamos en el día de hoy una nueva presentación en la que requerimos al Presidente de la Corte de Justicia el acceso a la documentación solicitada ya que las circunstancias esgrimidas desde la Secretaría de Superintendencia para oponerse a brindar la información no pueden ser tenidas como restricciones legítimas al acceso a información pública. Comunicamos también que en caso de silencio o negativa a nuestro pedido iniciaríamos en el plazo de cinco días las acciones judiciales correspondientes.
