Jorge Prado, ex jefe comunal de Aguaray, se sentará en el banquillo de acusados junto a otros 9 imputados que incluyen a su ex secretario de Hacienda y empresarios. Están imputados por “fraude a la administración pública y robo agravado”.
Ayer, fuentes del Ministerio Público Federal informaron la decisión de que Prado y los otros 9 imputados vayan a juicio oral y público ante un tribunal colegiado. Entre los acusados se encuentra el propio Prado; su ex secretario de Hacienda, Fredy Céspedes; y varios empresarios, entre los que se encuentra Diego Alos -presidente de OSYP S.A- acusados de “fraude a la administración pública y robo agravado”.
“El pasado 28 de julio se amplió la acusación hacia otros empresarios y trabajadores del rubro del transporte que habrían participado de las maniobras que apuntaban al robo de caños por un tramo de 35 kilómetros, que atraviesa la localidad de Aguaray y parajes vecinos dentro del territorio salteño. El Gasoducto del NEA es una obra de infraestructura proyectada en 2003 para llevar gas importado desde Bolivia, a través de Salta, a cuatro provincias que aún dependen de garrafas y que nunca llegó a cumplirse en su totalidad. El avance de la investigación permitió recuperar más de 250 caños, secuestrados en la zona y en provincia de Buenos Aires”, destacó el sitio Infobae en su edición de hoy.
“Se trata de un caso de enorme trascendencia local y nacional, en el que la fiscalía tomó en cuenta el trabajo de los distintos medios periodísticos”, expresó el Fiscal General Eduardo Villalba, quien señaló que los acusados concretaron una maniobra con el único objetivo de apropiarse ilegalmente de bienes del Estado Nacional para obtener un provecho económico con su comercialización.
El fiscal indicó que “para lograr este negocio millonario, los acusados actuaron en dos etapas. La primera se puso en marcha días antes de que Prado asumiera como intendente de Aguaray, cuando Alos presentó una nota para extraer los caños bajo el pretexto de que se trataban de pasivos ambientales”. Ya al frente del Ejecutivo comunal, Prado permitió la desafectación de los caños, a partir de una resolución municipal que sirvió para que se produjera el delito por parte de los distintos actores implicados.
A mediados de octubre del año pasado la Cámara de Senadores de Salta logró la destitución de Prado luego de que se lo imputara por los delitos mencionados. Tras su destitución y el pedido del fiscal Villalba, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, ordenó la detención del ex intendente a mediados de noviembre de 2020. Sin embargo, su arresto se dio a partir de que fuera imputado por malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. Esta investigación se sumó a la del robo de caños del gasoducto.
Para imputar a Prado, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón tuvo en cuenta publicaciones en las que Adrián Zigarán -interventor de Aguaray- informó que Prado recibió en diciembre de 2019 un municipio saneado y con depósitos bancarios por $7.900.000. Diez meses después, el déficit era de 19 millones de pesos sin que se hayan determinado los compromisos que dejó mediante la emisión de cheques diferidos que vencerán en los próximos meses.
