Para ello desde la procuraduría provincia dispusieron la conformación de una Unidad Fiscal.
En los días pasados los medios capitalinos hicieron eco de una noticia que llegaba desde el norte provincial. La misma decía que el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, había vetado una ordenanza por medio de la cual se le daban 15 mil pesos a la familia de un niño de 4 años, de comunidad El Sauzal, que padece leucemia.
Entonces señalaban que en el año 2013 se presentó la Ley 7.786/13; donde se solicita colaboración para niños y adolescentes con cáncer; misma que se reglamentó en 2017 y en 2020, por la agudización de la situación económica por emergencia sanitaria, se retomó el pedido de cumplimiento total de la ley.
Tras el revuelo generado con el tema, desde la oficina del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, se dispuso la conformación de una Unidad Fiscal de Investigación para tratar el tema. La misma estará conformada por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke y por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot.
Señalan desde el Ministerio Público Fiscal de Salta que “los fiscales ordenaron las primeras medidas tendientes a esclarecer el hecho”. Consideraron además, en referencia al tema a investigar, que “Esa ordenanza, oportunamente aprobada por el Concejo Deliberante de ese municipio, estaba destinada a beneficiar a personas que padecen leucemia, principalmente a quienes se encuentren afuera de la comuna y que transitan la enfermedad”.
