El abogado Cristobal Cánaves, apoderado de la Arquideócesis de Salta, presentó un amparo a la jueza Cecilia Ávila Ricci, del Juzgado de 1° Instancia del Trabajo N°4, en el que en representa a varios colegios privados salteños que no quieren pagar el servicio de agua como les corresponde a partir de la quita de subsidios realizado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
La jueza falló a favor y ahora los colegios no deberán pagar hasta nuevo aviso. Esto provocó una respuesta inmediata del Ente Regulador, que ya presentó una apelación.
Este medio pudo comprobar que la lista de colegios que rechazan el pago es la siguiente:
Escuela Nuestra Señora de la Merced (Caseros 869)
Instituto San Buenaventura (Mitre 892)
Bachillerato Humanista Moderno (Mitre 680)
Colegio Belgrano (Mitre 764)
Colegio Salesiano (Caseros 1250)
Colegio San Alfonso (Leguizamón 812)
Colegio Santa Isabel (Leguizamón 857)
Instituto Sara Lona (Av. Chile 1230)
Colegio Santa Rosa (Alberdi 648)
Colegio María Auxiliadora (Belgrano 1250)
Colegio de Jesús (Belgrano 636).
CUARTO pudo averiguar que en el amparo presentado ante la jueza, el abogado resalta, entre otros argumentos, que la Ley 1621 en su artículo 1° expresa: «Exceptuase al Arzobispado de Salta, al Monasterio San Bernardo y a las parroquias del culto católico, con relación a todos sus actos y bienes, de toda carga o gravamen en el orden provincial o municipal, creado o a crearse, sea por impuesto, TASA o contribución de mejoras, quedando entendido que estos beneficios abarcan a todos los inmuebles que tengan o que adquieran en el futuro, aún cuando de éstos se obtengan rentas».
Todo comenzó cuando el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia quitó subsidios de luz y agua a más de cien inmuebles del Arzobispado de Salta. Inmuebles que no cumplen objetivos sociales ni espirituales.
El director del Ente, Carlos Morello, agregó que la quita forma parte de un plan de redireccionamiento de los subsidios para que lleguen a los sectores más vulnerables. Se espera ahorrar unos 700 mil pesos mensuales a partir de esta quita.
«Nosotros evaluamos si cumplían una función social o religiosa, y encontramos inmuebles que son baldíos, o alquilados a particulares en donde funcionan colegios privados, comercios y oficinas», dijo Morello esta semana en FM Aries.
Ahora, esos colegios privados, que ya reciben otros subsidios, por ejemplo para sueldos, rechazan la quita y se niegan a pagar lo que les corresponde.
Las autoridades de estos colegios consideran que deben ser subsidiados. En el amparo se cita a las constituciones nacional y provincial y a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que ambos Estados (Nacional y Provincial) «están obligados a contribuir económicamente con el sostenimiento y protección del culto católico apostólico romano».
