El organismo nacional publicó un documento en el que recuerda que el abuso policial es también una manera de discriminar. Aseguran que hay una “potencial vulneración de los derechos de la población”.
Mientras legisladores salteños piden informes al Ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, por el accionar policial desmedido, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), emitió un documento que cuestiona el alcance del Decreto 255/20 emitido en el marco de la cuarentena y que le dio una serie de capacidades a la policía salteña que en los últimos meses fue denunciada en repetidas ocasiones por abuso de autoridad y cometer actos que rozan la tortura a fin de que se cumplan las disposiciones nacionales emitidas en el marco de la emergencia.
Es en este decreto donde se establece que la persona interceptada incumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio o que “injustificadamente desobedezca órdenes legítimas en ejercicio de las funciones de los agentes del orden público que tenga por la causa la emergencia sanitaria” será sancionada con arresto hasta 60 días, multas o trabajo comunitario. Ello para el INADI implica que “a Policía de Salta dispone de las facultades de detención, juzgamiento, sentencia y aplicación de penas sin posibilidad de defensa, control judicial ni intervención de fiscales, contradiciendo las reglas del debido proceso legal y las garantías constitucionales reconocidas para todo proceso penal y contravencional”.
En dicho documento, el INADI además expresa su “preocupación por la potencial vulneración de los derechos de la población que habita o se encuentra en Salta, e insta a la prevención de la violencia institucional priorizando el enfoque de derechos”. Luego señalan que “la situación socioeconómica de pobreza y exclusión social, la racialización, el rango etario y el género son variables amplificadoras de la desigualdad” y que “las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos se intensifican considerablemente para aquellas personas que se encuentran socialmente identificadas por estas variables. En este sentido, no es lo mismo ser joven que ser joven e indígena, o que ser joven, indígena y estar en situación de pobreza”.
En otro fragmento del documento emitido por el organismo nacional, hacen referencia a que son precisamente las personas “que integran grupos históricamente vulnerados” quienes sufren en mayor medida este accionar policial. A quienes señalan como una parte de las fuerzas de seguridad “carentes de formación en materia de derechos humanos, que avasallan sus derechos y llevan a cabo detenciones arbitrarias, maltratos, golpizas o –en los casos más extremos– femicidios, transfemicidios, travesticidios u homicidios”.
Más adelante sentenciarán: “En este sentido, la violencia institucional es una de las peores caras de la banalización de la problemática de la discriminación. Por ello es fundamental el trabajo mancomunado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales en materia de prevención de la violencia institucional, teniendo en cuenta que muchas veces son los marcos regulatorios emitidos por los gobiernos los que habilitan a las fuerzas de seguridad a ejercer prácticas vulneratorias de los derechos y garantías de las personas”.
