miércoles 21 de febrero de 2024
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Alcaidía de Salta | Denuncian sobrepoblación, abusos sexuales, requisas invasivas y maltrato institucional

El pasado lunes el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura presentó un informe crítico a las autoridades gubernamentales dando cuenta de «paupérrimas condiciones de detención» que se observan en el lugar.

Tal informe surgió de una visita de monitoreo a la Alcaidía General N° 1 y Anexo de Mujeres, de la ciudad de Salta, los días 18 y 19 de abril. “El organismo registró sobrepoblación, abusos sexuales, requisas invasivas e innecesarias, maltrato institucional; también, falta de acceso a la salud, a la justicia, la higiene, e incluso a una nutrición adecuada, a camas, colchones y frazadas” destaco la sección local del diario Página 12 que pudo dialogar con el presidente del organismo, Rodrigo Solá.

El funcionario explicó al medio citado que los miembros del Comité hicieron una recorrida por todos los pabellones, entrevistaron a las personas privadas de la libertad alojadas en ese lugar y también a algunos familiares. La cuestión del hacinamiento resultó lo más evidente: el lugar tiene una capacidad para 350 internos y al momento de la visita se encontraban alojados 854 personas. Un 144% por encima de la capacidad.

También se registraron «casos de permanencia prolongada»: 50 hombres que están alojados desde el 2021, otros 5 desde 2020 y otros 55 varones cumplen condena en la Alcaidía por falta de cupo en la Unidad Carcelaria. En el caso de las mujeres, hay 43 alojadas en un galpón denominado Anexo, que tiene capacidad para 36 personas. La situación evidencia que no fue pensado un espacio de detención especial para mujeres, que se carece de perspectiva de género y que tampoco se contemplan «pabellones especiales» para el colectivo LGBTIQ+.

El Comité relevó tres abusos sexuales en la Alcaidía de varones. Solá explicó que estos hechos fueron cometidos por otros internos y que la situación ya fue informada al Ministerio de Seguridad. El funcionario agregó que en caso de que no haya denuncia, se requiere el consentimiento de las personas privadas de la libertad para dar intervención a una fiscalía penal.

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