sábado 14 de diciembre de 2024
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A la espera de la sentencia | La vida de “Diky” Lona y la muerte de Miguel Ragone y miles de desaparecidos

Hoy se dictará sentencia y Soledad Outes contrasta la vida de los desaparecidos con la del exjuez cómplice del genocidio militar. Soledad vive en España desde que el terrorismo de Estado asesinó a su padre en la Masacre de Palomitas de julio de 1976.

El escrito redactado por Soledad Outes y publicado por CUARTO cuando comenzaba el juicio contra Ricardo Lona, cobra hoy enorme importancia a hora de que el Tribunal dicte sentencia. Publicamos ahora ese escrito de manera íntegra:

El 11 de marzo de 1976, el exgobernador Miguel Ragone se despidió de su familia y se dirigió, como cada mañana, a su trabajo en un hospital donde era enormemente respetado. Mientras manejaba su modesto Peugeot 504 probablemente pensaba en los avatares de la política.

Cuarenta y tres años más tarde, el 6 de agosto de 2019, el exjuez Ricardo Lona, se despidió de su familia para dirigirse a la sede de un tribunal que durante años fue su hogar y en el que era enormemente respetado. Mientras lo conducían probablemente pensó en los avatares de la política.

Hasta aquí todos los paralelismos entre las vidas del exjuez Ricardo “Diky” Lona y el exgobernador Miguel Ragone, una de las víctimas de su complicidad, cobardía y falta de escrúpulos.

Ricardo Lona fue trasladado por guardias que lo custodiaron desde su residencia hasta la sede del tribunal que lo juzga. Ni siquiera le pusieron esposas e inició su declaración agradeciendo la delicadeza y el respeto con el que era tratado por el tribunal.

Ragone fue embestido, golpeado y arrojado en la parte trasera de su coche. Luego se deshicieron de su cuerpo en un lugar indeterminado y todavía se investiga su triste final. Manchas de sangre y un zapato quedaron como única evidencia de la tragedia.

Ricardo Lona cuenta con equipos de prestigiosos abogados que lo defienden entre los que se contaba Ricardo Gil Lavedra, famoso por ser integrante del tribunal que juzgó a la Junta Militar.

Ni Miguel Ragone ni los 11 masacrados en Palomitas entre los que se encontraba mi papá, Pablo Outes, tuvieron ese privilegio. Durante los más de dos años que mi padre estuvo detenido jamás fue recibido por Lona, el juez federal que supuestamente protegía su vida. Nunca sabremos qué acusación pesaba sobre ninguno de ellos.

El ex juez manifiesta su total inocencia y en esa confianza espera recibir un trato justo del tribunal que lo juzga ya que como cualquier ciudadano goza de la sagrada presunción de inocencia.

Miguel Ragone fue condenado y ajusticiado sin derecho a defensa, sin hábeas corpus ni garantías de ningún tipo.  Yo todavía recuerdo las conversaciones con otros familiares de presos políticos con los que mi hermana Rosario y yo coincidíamos cada semana en la cárcel de Villa Las Rosas en las que nos comentaban que Lona no los había recibido, los había amenazado o había tirado al tacho de la basura sus escritos cuando le pedían que investigara la desaparición de su marido, su hija o su hermano. Rosario y yo, que teníamos quince y diecisiete años y vivíamos muertas de miedo, nunca nos atrevimos a pedirle audiencia y mi padre fue asesinado sin haber sido acusado formalmente de ningún crimen.

Ricardo Lona, como garantiza la ley, aprovechó su derecho a defenderse y durante varias horas desgranó los argumentos en los que se basa para afirmar que es inocente. Ninguno de los hombres y mujeres detenidos y desaparecidos que él debía proteger tuvo un turno de palabra, un tribunal atento o una sala respetuosa que los escuchara en silencio. Por el contrario fueron atemorizados, golpeados, torturados, picaneados, baleados, violados, mutilados y finalmente arrojados a una fosa común. De algunos, como es el caso del exgobernador Miguel Ragone, todavía no se sabe dónde arrojaron sus restos y de otros, como mi papá y sus compañeros y compañeras de infortunio pudimos saber después de muchos años y de un costosísimo proceso legal todos los detalles que aunque fueran escabrosos y tremendamente dolorosos nos permitieron iniciar un lento camino hacia una relativa recuperación. Yo supe por ejemplo que a  mi padre lo mataron de frente, el número exacto de balas que le dispararon a menos de un metro de distancia y que en ese momento estaba esposado.

El exjuez sabrá el día y la hora exacta en la que debe presentarse a juicio y los nombres y datos personales de todos los testigos que declararán durante todas las sesiones. Tendrá a su disposición una ambulancia y un servicio médico y si lo considera oportuno, podrá dirigirse a una sala contigua desde la que podrá seguir todos los pormenores del juicio. Miguel Ragone y los once masacrados en Palomitas nunca pudieron prepararse para su triste final, ni se les permitió recusar a los abogados, jueces o testigos, ni mucho menos usar todos los resortes de la justicia para alargar casi eternamente el fatal momento de la verdad. Se los amedrentó de la manera más vil, a Miguel Ragone le advirtieron que su vida corría peligro y que un comando se preparaba para matarlo; a los detenidos en el penal de Villa las Rosas se les amenazó con traslados, se les advirtió que venían quinteando, y la noche del 6 de julio de 1976 se los obligó a salir casi sin ropa a pesar del frío invernal mientras apagaban las luces y los obligaban a subirse a un camión sin saber dónde los llevaban.

Gracias a la lucha titánica de muchas personas que nunca flaquearon en su lucha por los derechos humanos, Ricardo Lona se ha sentado por fin en un banquillo, será juzgado y después de un proceso con todas las garantías recibirá una sentencia. Después de escucharla podrá hacer un viaje a su residencia en la que vivirá sus últimos años.

Miguel Ragone, Celia Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Ávila, José Povolo, Roberto Oglietti, Rodolfo Pedro Usinger, Alberto Simón Savransky y mi papá Pablo Outes recorrieron sus último camino hacia la muerte en silencio, golpeados, aterrorizados y desorientados.

El Tribunal Oral Federal 2 de Salta, integrado  por la jueza Gabriela Catalano,  Gabriel Casas, Juan Carlos Reynaga y Federico Bothamley, tiene en sus manos una tarea histórica y sin precedentes ya que es la primera vez que se juzga por crímenes de lesa humanidad a un poderoso integrante del Poder Judicial Federal.

Los familiares de desaparecidos, los que sufrimos el exilio, los que vimos nuestras vidas destrozadas por la locura asesina de la Junta Militar y todas las personas que confiamos en la JUSTICIA con mayúsculas los observamos desde Salta, desde Argentina y desde el mundo entero con esperanza.

Soledad Outes. Foto: HIJOS Salta.

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