Daniel Moreno fue intimado por incumplir la Ley de Minería. Los vecinos reclaman pero no encuentran respuesta.
El intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, es señalado por no cumplir con la Ley de Minería y contaminar el río La Caldera con maquinarias, además de permitir a empresas no habilitadas a trabajar en la zona.
Moreno fue intimado por la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia de Salta a partir de las denuncias de vecinos por irregularidades en la extracción de áridos y contaminación del río. El personal del Programa de Gestión y Policía Minera, dependiente de la Dirección General de Minería, constató en una inspección los incumplimientos de la Municipalidad de Vaqueros, consistentes en la “carencia de convenio o permiso para realizar trabajo de extracción en el sector en cuestión; incumplimiento de presentación de informe de impacto ambiental, y; falta de inscripción en el Registro de Productores Mineros de la Provincia”.
Se intimó a la Municipalidad de Vaqueros, además del estudio de impacto ambiental pertinente y las habilitaciones que corresponden, a “la presentación de un Plan de Trabajo de disposición de descartes, que deberá ser previamente aprobado por el Programa de Gestión y Policía Minera, dependiente de la Dirección General de Minería.”
Pero el intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, no sólo violó la Ley de Minería con sus propias máquinas, contaminando la cuenca del río, sino que también autorizó de manera ilegal a otros contratistas privados y empresas acopiadoras de áridos que se encuentran ubicadas en las inmediaciones del puente Wierna, sin las autorizaciones ni estudios de impacto ambiental correspondientes.
Tal como se desprende del “Acta Acuerdo Extracción de Aridos Zona de Exclusión Aguas del Norte en el Río La Caldera”, firmada el 3 de junio de 2016, es la propia Municipalidad la que autorizó al resto de los extractores de áridos que actualmente se encuentran contaminando el río La Caldera, a trabajar en polígonos demarcados, violando la Ley de Minería. En el mencionado “acuerdo” figuran, “Por la Municipalidad: Intendente Daniel Roberto Moreno Ovalle (DNI 20.232.087), Ing. Juan Bautista Sciortino (DNI 13.190.293), Arq. Emilio Natalio Panico (DNI 24.671.915), Sr. Humberto Alancay (DNI 14.612.905) y por los extractores de áridos: Sr. Juan José Lozano (DNI 29.164.740), Sr. Mano Fabián Cejas (DNI 23.953.707), Sr. Carlos Sebastián Lozano (DNI 22.553.324), Sr. Mario Basylkiv (DNI 20.062.050), Sr. Eduardo Andrés Tapia (DNI 10.607.035), Sr. Rodolfo Morales (DNI 10.993.734), y Sr. Juan Carlos Lozano (DNI 7.850.956)”.
Ante la gravedad de los hechos, más de 60 vecinos de Vaqueros y Valle Hermoso presentaron el 29 de junio pasado una nota a Moreno, informando sobre la gravedad de la contaminación sonora y ambiental de la reserva hídrica de La Caldera, como también las violaciones a leyes provinciales y las propia municipales, requiriendo información sobre la extracción de los áridos, nota que hasta el momento no fue respondida.
Los vecinos solicitaron «tener acceso a los informes de aprobación y de impacto ambiental vigentes, en relación a la actividad de extracción de áridos de la Cuenca del Río La Caldera”, como también “a los procesos administrativos de aprobación de dichos informes”, ejerciendo así su Derecho Constitucional de acceder a la información pública. Y también le solicitan “se realicen nuevos estudios de impacto ambiental”.
Entre los argumentos de solicitud se mencionan:
Los altos niveles de contaminación, basurales y daño ambiental, producto de la explotación descontrolada de áridos.
Violación de las Leyes de Minería y leyes ambientales.
Contaminación de uno de los acuíferos más importantes para la población de esta provincia, contaminando con sedimentos, grasas lubricantes y combustibles, el suministro de más de 200.000 vecinos en el norte de la ciudad.
Alta contaminación sonora producida a toda hora, la cual fue medida y viola las contravenciones municipales de niveles de ruidos permitidos y genera estrés y daños comprobados a la salud, como acúfenos en varios de sus vecinos.
La falta de regulación de la explotación incide directamente en la calidad del agua superficial; provoca grandes modificaciones en la dinámica del río, alterando su dirección, velocidad, zonas de erosión y sedimentación en el cauce, vulnerando principalmente las márgenes del mismo y exponiendo el sistema a un alto riesgo de inundación.
Inexistencia de controles a la extracción de áridos, los cuales deberían realizarse cada 3 meses como mínimo por autoridades competentes y contrapartes que lo avalen), así como tampoco hay estudios de impacto ambiental debidamente fundamentados ni actualizados, que consideren el crecimiento poblacional del municipio frente al río en los últimos años, ya que daña a sus pobladores de manera directa y clara.
Perjuicio a las obras civiles, como el puente Wierna, ruta Nacional 9 y a las viviendas de sus habitantes más próximos
Alteración del paisaje y el medio natural circundante, desequilibrando claramente todo el ecosistema del corredor de las yungas, una de las zonas de mayor biodiversidad del país.
Erosión de las márgenes del río La Caldera tiene el agravante que parte del mismo es recorrido por la Ruta Nacional 9, en el tramo que une los municipios de Vaqueros y La Caldera, exponiéndonos a procesos de derrumbes y al peligro que eso conlleva.
Pérdida de acceso a disfrutar del río por parte de sus pobladores, como derecho humano y patrimonial), las máquinas generan montículos grandes de material y socavones en el cauce, no sólo arruinando el paisaje sino haciendo prácticamente imposible la circulación a pie, para poder llegar al agua.
El traslado de camiones de alto peso con los áridos daña de manera muy visible las calles internas vecinales no apropiadas para estos fines, lo cuál genera accidentes de tránsito y más ruido, en una zona de circulación de ciclistas, esparcimiento y vida natural como es nuestro municipio.
Se identificaron, también varias edificaciones y zonas de acopio de máquinas, áridos, chatarras y desperdicios, sin autorización ni estudios correspondientes para funcionar, en las inmediaciones del puente Wierna.
«En otras provincias, como Córdoba, se ve claramente una política de protección de los ríos que integra el desarrollo “sin chimeneas”, con un turismo responsable, que permite que la gente tenga acceso a ejercer su derecho de disfrutar sus ríos, aumentando la calidad de vida, más aún en tiempos de pandemia cuando necesitamos lugares al aire libre para la salud integral. Estamos a favor de un desarrollo sustentable genuino que no destruya la calidad de vida de sus pobladores, ni del ecosistema, que preserve su flora y fauna y sus aguas limpias», finaliza la nota.
