Gustavo Solis.

Gustavo Solís negó las acusaciones y apuntó contra el auditor.

El intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, negó este martes las denuncias realizadas por la Auditoría General de la Provincia, que señaló desvíos de fondos municipales por más de 100 millones de pesos.

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Solís negó las acusaciones y dijo que se trata de una persecusión política y personal llevada a cabo por el auditor Mariano San Millán.

«Han perforado el pavimento de cada una las cuadras que hemos hecho para constatar la calidad. El tema de los millones de pesos entra en el tema de la suspicacia. Esto ya fue auditado en el 2017 por una doble facturación, hoy vuelve a la luz un tema que ya estaba resuelto, la Auditoría ha perdido muchas veces la documentación», dijo Solís.

En Cadena Máxima, el intendente dijo que «esta presentación tiene que ver más con algún interés político y personal». «No es la primera vez que recibimos estas denuncias, pero fueron desestimadas ya que aportamos la documentación correspondiente. Este sujeto busca cinco segundos de fama», agregó.

La respuesta de la Auditoría

En Cuarto Oscuro, nuestro programa de radio de FM La Cuerda que se emite de lunes a viernes a las 11, San Millán aseguró que las pruebas son contundentes y quedaron en manos de la Justicia.

«Hicimos una presentación en la Unidad de Delitos Económicos Complejos la semana pasada donde hacemos una comunicación de irregularidades. Hemos mostrado varias irregularidades que necesitamos que sean estudiadas por la Fiscalía para ver si constituyen o no un delito», dijo.

San Millán relató que encontraron «irregularidades de varios tipos». Una de ellas es la de «varias facturas duplicadas».

El auditor dio como ejemplo dos facturas con el mismo número. «Yo las tuve en mis manos. La original era por 940 mil pesos y la otra por 201 mil. Estamos hablando de valores del año 17, o sea que es mucha más plata que a los valores de hoy», explicó, y dijo que se encontraron «otras facturas en las mismas condiciones».

«Creeríamos a simple vista que hay una falsedad ideológica», dijo San Millán, que aclaró que es la Justicia la que deberá determinar si hubo o no delitos.