Lo aseguró el delegado provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en referencia al decreto firmado por el gobernador Gustavo Sáenz al inicio de la cuarentena.
Las emergencias suelen ser enemigas del respeto a los derechos individuales. Ese fue el razonamiento que atravesó el diálogo entre el titular del INADI Salta y el programa Cuarto Oscuro que se emite por FM La Cuerda (104.5). Allí el funcionario nacional explicitó su preocupación por el decreto 255/20 que firmara el gobernador de la provincia a inicios de la cuarentena. “El decreto 255 que da facultades extraordinarias a la policía supone un enorme retroceso para la provincia. Lo que más sobresale es la posibilidad de que un ciudadano pueda estar detenido hasta 60 días y que la multa sea decidida por la propia policía, algo que creemos que está reñido con el principio del Debido Proceso por vulnerar garantías de la población”, dijo Farquharson a modo introductorio.
“A través del mismo se establece un régimen sancionatorio en el que todo el procedimiento se lleva a cabo dentro de la esfera de la jefatura policial y el ministerio de Seguridad, sin ninguna intervención de un órgano jurisdiccional. Sólo puede intervenir un Juzgado de Garantías si es que la persona multada apela la resolución final que tuvo la jefatura de la policía. Es decir que el juzgado de garantías aparece como un órgano de apelación, pero el procedimiento no fue controlado por nadie. Esto supone un gran retroceso con respecto a la normativa vigente en la provincia que estaba adecuada a lo que establece la Constitución Nacional y por los Convenios Internacionales”, explicó.
Hacía referencia a cómo el Estado salteño fue adecuando sus leyes sobre el tratamiento a los sancionados que, en todos los casos, se ordena comunicar de manera inmediata a un Órgano Jurisdiccional las medidas coercitivas tomadas por las fuerzas públicas. El funcionario relató que mantuvo una reunión con el Secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, donde le expuso lo reparos del organismo nacional contra el decreto.
