El monto de la operación fue de $5.285.000. Cada una costó 36.635, mientras que el valor de los cartuchos operativos fue de 1.005 y los de capacitación, 966. Entidades de Derechos Humanos pidieron a la Corte Interamericana de DDHH prohibir el uso.
“Tras el proceso de licitación, el Poder Ejecutivo se inclinó por la oferta de la empresa Axon, que entregará 100 pistolas, 1000 cartuchos operativos y 600 para capacitación. La adquisición de este tipo de armamento no letal se da a casi tres meses de la reglamentación del uso de este tipo de implementos por parte del Gobierno”, destacó el diario Ámbito Financiero en su edición de hoy.
El mismo medio recordó que las armas «incapacitantes» generan temor por los riesgos a la salud asociados, la capacitación del personal de seguridad, la falta de regulación internacional, el marco legal local y los controles a las compras y los países fabricantes.
La página oficial de Taser International admite que sus pistolas transmiten pulsos eléctricos a través de los cables hacia el cuerpo, inmovilizando las funciones sensoriales y motoras del sistema nervioso periférico y paralizando temporalmente a la persona. Según dicen los fabricantes, la energía puede penetrar hasta cuatro centímetros de ropa, dos centímetros por dardo.
Según establece la legislación vigente, este tipo de pistolas serán empleadas «para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la comisión de un delito de acción pública».
A la hora de aprobar el uso de este armamento no letal, el Gobierno había subrayado que eran utilizadas en países como Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Noruega, Polonia, Reino Unido, Turquía, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia.
Entidades de Derechos Humanos pidieron a la Corte Interamericana de DDHH que prohíba el uso de las pistolas eléctricas en Argentina. En todas las presentaciones, los organismos de DDHH advirtieron que el uso de Taser X26 «afecta el derecho a la salud e integridad física de sus víctimas y resulta riesgoso para la vida de las personas que sufran su aplicación», en especial sobre quienes han padecido o padecen enfermedades cardíacas o similares, ya sean porteños o ciudadanos de la Argentina.
