Ada Zunino | Antecedentes negros de la jueza que favorece al diputado pistolero Singh

El caso derrumba el mito macrista según el cual la redención de la política depende de la incorporación de empresarios y posa la mirada en la jueza, cuyo historial confirma que la Justicia es todavía peor. (Daniel Avalos)

Debe existir alguna misteriosa necesidad para que Ada Zunino aparezca en causas que provocan dolores insondables entre los pobres y escándalos mediáticos entre los poderosos. En esta última categoría ingresa el caso del diputado por Rosario de la Frontera Kuldeep Singh, un típico emergente de esa cultura macrista que asegura que la redención social requiere de la incorporación a la función pública de empresarios exitosos. Singh llegó con ese rótulo a la Cámara de Diputados, aunque la fama de la que hoy goza obedece a una escena gansteril: las cámaras de seguridad de una empresa que regó cheques sin fondos registraron el momento en que Singh hizo las veces de un capo mafia que lideraba a una banda de feroces pistoleros con el objeto de cobrar a los tiros una deuda.

A los desquiciados hechos protagonizados por actores a los que evidentemente el dinero no convirtió en mejores personas, se le sumo otro que viene a confirmarnos que en Salta resulta imposible hacer las cosas bien. Ocurrió cuando los fiscales que tomaron la causa pidieron a la jueza lo obvio: un allanamiento que finalmente llegó tarde y el pedido para detener al legislador para lo cual se requería que la magistrada cursara a la legislatura una solicitud de desafuero para el mismo.

Nada de eso ocurrió para asombro de varios diputados que se habían convencido de al menos dos cosas: la inacción de la jueza envolvería a la legislatura en una atmósfera de sospecha entre la sociedad, aun cuando para desaforar al parlamentario dependían del pedido de la jueza; y que los requerimientos efectuados por los fiscales eran sólidos. Es que según la ley, la posibilidad de que el acusado obstaculizara la investigación es motivo suficiente para detenerlo y la intercepción al teléfono de Kuldeep Singh confirmaba que el mismo extorsionaba a los dueños de la empresa que tomó por asalto con el obvio objetivo de enderezar un poco aquello que su accionar había torcido.

Mi pasado me condena

Aunque el caso y otros muchos que se dan en el país hiere de muerte el mito macrista que ya mencionáramos, el mismo también posibilita posar la mirada en la jueza que nunca dio en el blanco en lo que a sus actuaciones se refiere. Bucear en algunos antecedentes de la misma no es tan difícil para quien escribe. En mayo del 2015 me tocó redactar informes sobre su accionar. Una causa dolorosa que la tuvo como protagonista fue en el femicidio de Romelia Pistone, ocurrido en Fortín Dragones el 6 de diciembre de 2014 cuando Zunino estaba a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil de Personas y Familia.

Allí había recalado la denuncia por violencia de genero efectuada por Romelia quien finalmente fue asesinada por su pareja. Su hermana Beatriz relató a quien escribe que aquel sábado de diciembre de 2014, su hermana se despidió de ella a las 22:50 para ir a un baile, aunque 20 minutos después le fueron a avisar que Romelia yacía sobre la calle a media cuadra de su casa. Cuando llegó al lugar la policía custodiaba el cuerpo cubierto por una manta. “Entonces ya me di cuenta y pregunté ¿Fue Fidel no? y ellos me dicen: ‘Sí, él la mató’.

Todo el pueblo sabía de la violencia que Fidel Maza ejercía sobre Romelia. El 18 de agosto de 2014 fue la propia Beatriz quien se presentó en la comisaría del lugar para informar que desde el paraje El Teniente, Romelia pedía auxilio vía mensaje de texto. Diez días después llegó un nuevo pedido de auxilio y desde el mismo lugar donde la joven vivió un par de meses en la casa de los padres de su pareja. La falta de nafta sirvió de excusa policial para no hacer nada, por lo que Beatriz se ofreció a pagar el combustible aunque no hizo falta: Fidel Maza llevó a Romelia a Dragones y la dejó adormecida por los golpes en la casa de una comadre. Fue entonces cuando la propia víctima se presentó en la comisaria que el 28 de agosto registró el calvario de la joven en una denuncia policial donde dijo “querer mucho” a su pareja, aunque expuso que el maltrato que recibía era verbal y físico, que Maza amenazaba con pegarle un tiro si ella entablaba otra relación y que sus pocas pertenencias habían quedado donde su expareja.

La causa terminó en el Juzgado de Ada Zunino quien citó para el 19 de septiembre a la denunciante y al denunciado quien negó las acusaciones, aunque Romelia amplió su declaración del 28 de agosto: bofetadas, patadas, amenazas a sus hijos y una confesión final: “yo de tonta volví, me dejó por otra, no tengo donde ir”. Zunino dispuso que Maza mantenga una distancia de al menos 200 metros de Romelia; que la policía custodiara por 10 días el domicilio de la joven y tras ello realizar rondas periódicas. Romelia, por su parte, debía mantener una entrevista con la psicóloga del Poder Judicial. La profesional fue Laura Guerrero Palma quien ese día hizo su evaluación y a las 11:40 del lunes 22 de septiembre remitió por mesa de entrada su Informe dirigido a Zunino, según quedó registrado en el expediente al que accedí en mayo de 2015. El informe debería haber resguardado aún más la vida de Romelia si Zunino lo hubiese leído, cosa que no ocurrió porque debajo del sello que certificó el ingreso una anotación a mano indicaba lo siguiente: “Informo que el presente informe no fue agregado debido a que el Expte. se encontraba traspapelado”.

La anotación era del 10 de diciembre del 2014. Cuatro días después de que en el viejo camping de Fortín Dragones en donde Fidel Maza se emborrachaba, éste viera venir a Romelia engalanada para un baile a donde nunca llegó porque Maza la acuchillo varias veces con cuchillo tipo tramontina del que intento escapar hasta donde pudo para finalmente desplomarse en una callecita polvorienta donde la policía la cubrió con una manta hasta que llegó su hermana Beatriz.

El Informe que Ada Zunino no leyó diagnosticaba que la futura víctima y el asesino tenían una relación “conflictiva” y sin canales de comunicación saludables; que había “asimetría en la distribución de roles, ubicándose Romelia en lugar de sumisión y dependencia (…) desde lo emocional (…) y desde lo estructural ya que la joven no tiene un lugar en el cual vivir junto a sus hijos”; que si bien Romelia “reconoce los actos de violencia hacia ella y sus hijos, desde lo latente, no logra percibir el riesgo en el cual se encuentra, tendiendo más bien a minimizar y naturalizar los actos de violencia”. La conclusión de la profesional era tajante: “Romelia y sus hijos se encuentra en un alto nivel de riesgo y vulnerabilidad ya que se encuentra en una situación de violencia extrema”.

Aquella vez – mayo de 2015 – me comunique con Laura Guerrero Palma. Le pregunte que sentía al saber que el informe que ella rubricó podría haber salvado la vida de la joven si la jueza lo hubiera leído. La profesional ignoraba que Romelia había sido asesinada y también la suerte que había corrido su informe. Nunca hubo un pedido de la jueza para ver cómo ese documento se había traspapelado tanto tiempo.

El abuelo Paulino

A Paulino Mendoza no le quedaban lágrimas en abril del 2015. Por entonces tenía 70 años, estaba divorciado, era analfabeto y vivía de arreglar cocinas y calefones. Era el padre de una hija adicta que a su vez era madre de tres niños, dos de los cuales fueron criados por Paulino hasta el 2011 en su casa del barrio Arturo Illia de Tartagal. Por entonces a Paulino le quedaban cuatro fotografías de los chicos: tres registraban el primer cumpleaños de su nieto Esteban y la restante era de marzo del 2011, cuando el abuelo acompañó a Esteban al Jardín de Infantes Sección “B” de la escuela “12 de Octubre, Día de la Raza”.

Lo ocurrido entre abril del 2011 y el del 2015 pude reconstruirlo con su testimonio y unos 50 folios del expediente 705/09 del Juzgado de 1º Instancia de Personas y Familias de Tartagal, por entonces a cargo de la jueza Ada Guillermina Zunino quien el 18 de abril del 2011 decretó que la Guarda Provisoria que Paulino tenía sobre sus nietos Esteban y Rocío se suspendía. Hasta el 2013 el viejo Paulino luchó para recuperar la tenencia, pero el 27 de abril de ese año, la Sala V de la Cámara de Apelaciones dictaminó que Ada Zunino había hecho bien en institucionalizar a los niños y declararlos en estado de abandono y sujetos a adopción. El tiro de gracia judicial llegó para Paulino en la Navidad de 2014: tras recorrer a pie la distancia entre su vivienda y el Hogar Gualterio Alsaldi donde estaban alojados sus nietos, le informaron que los niños ya habían sido adoptados. Desde entonces no volvió a verlos nunca más.

El proceso estuvo atravesado por la interpretación y aplicación de la ley 26.061 que busca garantizar el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de los derechos de niños/as y adolescentes. A esa ley recurrió el Defensor Oficial Luis Solorzano para pedir que Ada Zunino revocara la decisión de arrebatarle a Paulino la guarda. Argumentó que el superior interés de los niños es crecer en familia y que si la pobreza familiar dificultaba ese derecho, corresponde al Estado garantizarlo. La jueza pensó distinto: el “superior interés” de los niños también permite al Estado arrancarlos del núcleo familiar si esto amenaza los derechos de los menores.

El Defensor Oficial contratacó jurídicamente enfatizando que en vez de exigir al Estado que ayude a los niños a crecer en su núcleo familiar, Zunino optaba por lo más barato: arrebatarle la guarda al abuelo, institucionalizar a los niños y darlos en adopción. Para lograrlo ejercitó movimientos imprescindibles: sentenciar que Paulino era viejo e incapaz; que en la familia nadie estaba en condiciones de criar a los niños y que la pobreza familiar lo agravaba todo. Cuando el Defensor Oficial apeló el caso ante la Cámara, está legalizó lo actuado y dio por sentado que la exclusión es una desgracia que cae sobre muchos sin que nada se pueda hacer, salvo resignarse.

En el decreto de abril de 2012 que privó a Paulino de sus nietos, fue clave el informe de la asistente social Liliana Boglione quien en lo central dio los argumentos que luego la jueza utilizó para justificar su sentencia; aspecto que el Defensor Oficial también impugno enfatizando que Boglione nunca recabó testimonios de los vecinos de Paulino y desconoció el “Informe del Alumno” rubricado por la maestra del Jardín de Infantes y la Vice Directora del Colegio al que Esteban asistía. Allí se dejaba constancia de que el niño concurría regularmente a clases, en horario, acompañado siempre por un mayor, que su presentación era correcta en cuanto al vestir y la higiene, que su integración era buena, y que Paulino cumplía con todos los requerimientos de la institución.

Paulino Mendoza, en definitiva, era culpable de ser viejo, de no haber evitado la adicción de su hija, de ser incapaz de controlarla y también de ser pobre. Lo segundo y tercero es un límite que alcanza al propio Estado que ha sido y es incapaz de controlar el flagelo de las adicciones hasta hoy. Con respecto a lo primero y lo último, dice la ley que es el propio estado quien debe asistir a la familia para lograr el pleno derecho de los niños.

En mayo de 2014 la Sala V volvió a expedirse. Esa vez respondió las apelaciones que por el mismo caso presentaron la Defensora Oficial Nº1 Gil Collados, y la Nº 2 Lorena Babicz. Los camaristas remitieron a las letradas al dictamen que ya habían elevado a Luis Solorzano. En el nuevo escrito había un detalle nuevo: un informe elevado por la Coordinadora del Hogar de Niños Padre Ansaldi, Laura Murillo, decía que “el niño Esteban quiere irse con sus papás adoptivos lo más pronto posible. Rocío no manifiesta ningún deseo por su corta edad. Y Gustavo, de un año, tiene una fuerte relación con su cuidadora”. La desvinculación se había concretado. Ya habían pasado tres años desde que Esteban y su hermana fueran retirados por la policía de la casa de Paulino Mendoza al que en abril del 2015 sólo le quedan los recuerdos, cuatro fotografías y una pregunta desgarradora: “¿Alguien sabrá dónde y con quiénes viven mis nietos?”

La bolsa de la oficina

Ada Guillermina Zunino dejó el caliente Distrito Judicial de Tartagal el 2 de febrero del año 2015 y juró como jueza de Garantías de Primera Nominación del Distrito Judicial del Centro. Ya en la ciudad Capital, también fue motivo de informes periodísticos que estaban lejos de resaltar la justeza de sus fallos. Una de esas denuncias pasó desapercibida. También era del 2015 y daban cuenta de que la magistrada estaba involucrada en operaciones comerciales que son legales para cualquier ciudadano, pero prohibidas para los jueces.

El dato que lo evidenciaba era un edicto publicado por el diario El Tribuno el 4 de marzo de ese año. En el mismo, la magistrada solicitaba junto a otra persona de igual apellido y en carácter de propietarios de un inmueble de Metán, una concesión de 350 metros cúbicos de agua pública por día “para uso pecuario, para 5.000 cabezas de ganado bovino”. Un emprendimiento bastante impresionante en lo que a riqueza se refiere, pero que contradecía el artículo 155 de la Constitución Provincial que establece que los jueces y secretarios “no pueden realizar actividad política partidaria. Tampoco pueden ejercer profesión, empleo ni actividad con fines de lucro, salvo la docencia, las comisiones de carácter honorario, técnicas y transitorias que les encomienden los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales, y la defensa en juicio de derechos propios”.

La bolsa de la jueza

Mayor trascendencia tuvo la noticia de junio del 2017, cuando todos los medios hablaban de una bolsa con 27.000 dólares que habían sido sustraída a una jueza en la Ciudad Judicial. Todos los reportes que dieron cuenta del robo tuvieron una particularidad: evitaron dar el nombre de la magistrada. En aquel momento y mientras trabajaba en un medio distinto, publique que se trataba de la jueza Ada Zunino.

La reticencia de los medios a dar el nombre podía explicarse por el hecho de que sobre el robo había otra irregularidad que alcanzaba a la jueza quien violó las reglamentaciones internas del poder judicial que prohíben a los magistrados tener dinero en sus despachos. El robo no sólo evidenció la falta en que incurrió Zunino, sino que la misma se dilató a lo largo de casi un mes en tanto la propia funcionaria judicial admitió en la denuncia policial que al dinero lo tenía guardado en un armario de su despacho desde el 16 de mayo de ese año cuando en una sucursal del Banco Macro compró los billetes verdes que al cambio de entonces supuso un desembolso de casi medio millón pesos.

Luego de que revelara la identidad de la jueza, Ada Zunino hablo con FM Aries para explicar por qué violo los reglamentos internos del poder judicial. Aclaró que el dinero era de su propiedad y que iba a ser utilizado para realizar una operación inmobiliaria que se dilató en el tiempo “porque la persona que tenía que venderme el terreno se iba de viaje”. A eso agregó que por diferentes circunstancias laborales no había podido concurrir a depositar a la entidad bancaria el dinero. “Siempre tenía una cola terrible y me tenía que volver a trabajar. Yo estoy dentro del plan piloto donde entró a las 9 de la mañana y salgo entre las 6 y las 7 de la tarde” se justificó.

Con respecto a la empleada infiel que se declaró responsable del robo, la jueza declaró que “Ha sido muy difícil para mí a nivel personal. Es la persona más cercana a mí. Una joven que tenía graves problemas económicos que yo no sabía. Estaba tapada en deudas y la llevó a realizar este hecho. Para mí ha sido una situación difícil, ha sido triste porque esa persona sigue gozando de mi estima y bueno la Superintendencia deberá tomar todas aquellas medidas correspondientes con respecto a ella”.

Ahora la jueza vuelve a ser blanco de las noticias que se preguntan por qué actúa como actúa cuando las evidencias contra el diputado Kuldeep Singh son abrumadoras y reconocidas hasta por sus pares que desean desaforar a su par. No hay respuestas claras sobre el accionar de Zunino. Sólo podemos decir que su actuación es parte fundamental de una trama en donde el desquicio es generalizado e involucra a un diputado pistolero que disfruta del rol de capo mafia que resuelve sus diferencias a los tiros con una firma que hasta hace un año, era puesta como ejemplo de pujanza por el gobierno provincial que ahora se entera por los medios que el accionar de la misma se caracterizó por regar con cheques sin fondo la plaza local.