Son efectivos que reprimieron el año 2020 a vecinos de los asentamientos Parque La Vega y San Calixto. El Fiscal Vilar Rey que en su momento “no” hallaba a los testigos termino retirando la acusación.
El juicio empezó torcido cuando la jueza María Victoria Montoya Quiroga dispuso el no ingreso de la prensa ni del público aduciendo medidas de prevención contra el COVID. Luego la cosa se torció aún más cuando se supo que el fiscal designado a cargo de la acusación era Gustavo Vilar Rey: el hombre que había sido removido de la Fiscalía de Derechos Humanos (encargada de investigar a la policía) por el entonces Procurador General, Abel Cornejo, por la inacción que tuvo ante el recrudecimiento de la violencia policial en pandemia. La cosa siguió empeorando cuando – ya en el juicio – Vilar Rey anunció que solo ubicó a tres víctimas de la represión que además no se presentaban a declarar. La sospecha ya era obvia: el fiscal que antes no mostró interés en investigar a la policía ahora tampoco. El broche final ocurrió durante los alegatos cuando Gustavo Vilar Rey solicitó la absolución por la duda para los 20 efectivos acusados. Los abogados de la Policía de Salta fueron más allá y solicitaron la absolución lisa y llana.
Tras ellos, la jueza dio la razón a la Fiscalía y los abogados defensores. Montoya Quiroga decidió hacer lugar a lo solicitado por la defensa y absolvió a los acusados considerando que la represión fue legal mediante «el uso correcto y debido de la fuerza pública». Además cuestionó la investigación fiscal (que estuvo a cargo de Verónica Simesen de Bielke, la persona que reemplazó en aquel momento al propio Vilar Rey) resaltando que la misma no había sido bien realizada. Los fundamentos de su fallo estarán a disposición este jueves al mediodía.
La causa contra los 20 policías se abrió por una denuncia y la presentación de un informe que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de Nación a cargo de Horacio Pietragalla. El organismo no se constituyó como querellante, pero está presentado como amicus curiae en el juicio. La abogada de la Secretaría, Dolores Parra, junto a la propia secretaria – Martínez Morales Miy – fueron al día siguiente de la represión al asentamiento y recabaron testimonios de las personas damnificadas. Morales Miy declaró en este juicio contra los efectivos y fue de las pocas que declaró a favor de las víctimas y declaró a la prensa oportunamente que le resulta llamativo e «inentendible» que Vilar Rey haya sido designado en esta causa y consideró que el funcionario ya evidenció que «no tiene interés en juzgar los abusos policiales».
