Pueblos originarios recordaron la incorporación de sus derechos en la Constitución Nacional reformada en 1994, pero denunciaron el incumplimiento de los derechos que surgen de la Carta Magna.
En agosto de 1994, los pueblos originarios de la nación celebraron: por primera vez sus derechos fueron incluidos en la Constitución Nacional en cuyo artículo 75 inciso 17 se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria, regula la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo human,o y asegura la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y todos los intereses que los afecten.
Sucedió en el marco de la Reforma Constitucional de 1994, en la ciudad de Santa Fe, donde uno de los puntos principales fue habilitar la reelección presidencial, aunque en materia indígena se reemplazó al artículo 67 inciso 15 de la Constitución de 1853 que, de mirada racista y anacrónica, decía: “Corresponde al Congreso Nacional proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”.
En ese marco, “organizaciones y dirigentes indígenas conmemoraron el aniversario y denunciaron el incumplimiento de esos derechos, en buena medida por el avance del modelo extractivo (minería, agronegocio, petróleo, forestales)” resalta en su edición de hoy el diario Página 12.
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) fue un de las organizaciones que militó en 1994, junto a comunidades, y estuvo presente durante los tres meses que duró la Convención Constituyente que modificó la carta magna. Mabel Quinteros, coordinadora de Endepa en esos años, recordó que algunos bloques políticos no estaban dispuestos a introducir los derechos indígenas. “Nos costó muchísimo que se admitiera el artículo. Fue aprobado el último día, el 11 de agosto. No parábamos de llorar”, precisó Quinteros.
Eduardo Hualpa es abogado, autor del libro “Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas”. Explicó que en 1994 se estableció “un nuevo trato” entre el Estado y los pueblos indígenas. Recordó que no fue un regalo del sector político, sino que se debió a tensas negociaciones y movilizaciones de las comunidades. Hualpa cuestionó que lo establecido en la Constitución “está lejos de ser cumplido”, pero también remarcó que es una gran herramienta al momento de interactuar con autoridades judiciales y políticas. “Ha servido para detener desalojos, excarcelar personas, limitar la arbitrariedad de funcionarios, frenar en alguna medida al extractivismo”, resaltó.
