Salta es la provincia con mayor índice de trabajo en negro del país según el INDEC: miles de subocupados, trabajadores no registrados, cuentapropistas, ambulantes y changarines que no pueden soportar un largo periodo de aislamiento.
“Mi terror es qué vamos a hacer los que tenemos una economía de subsistencia (…) Los que vamos a las ferias a armar los puestos engripados, con contracturas y que con algo de suerte algún compañero solidario nos dirá ´andá a la casa a descansar, yo te atiendo el puesto´. No somos irresponsables, locos, inconscientes o faltos de solidaridad, somos los que no tenemos la heladera llena, los que vivimos al día, los que pertenecemos a la economía informal”.
Son extractos de un posteo realizado por la artesana Mimi Tejerina en su cuenta de Facebook. Se trata de una de las integrantes del colectivo Punto Artesanal de la ciudad que con mucho esfuerzo lograron el año pasado alquilar un local en el primer piso de la galería El Palacio. Como ella son miles y miles de salteños que saben de la importancia de las medidas de aislamiento dictaminadas por los gobiernos, aunque saben también que para los emprendedores de la economía social, los que se desempeñan en la informalidad laboral, son cuentapropistas, subocupados, vendedores ambulantes y simples changarines, todo supone un verdadero drama.
El mayor problema es que la exigencia de autoaislamiento encuentra al mercado laboral salteño en una situación de fragilidad extrema. En septiembre del 2019, por ejemplo, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que publica trimestralmente el INDEC, mostró que la informalidad laboral que históricamente oscilaba entre el 40% y el 45% alcanzó a la mitad de los asalariados salteños y se convirtió en la más alta del país que en promedio rondó el 35%.
Hay que tener en cuenta que la información es una «foto» del trimestre julio-septiembre de 2019, por lo que cuando el próximo 26 de marzo el Indec publique los datos del último tramo, la situación, seguramente, será peor. Ese universo está compuesto por gente que, si bien tiene trabajo, está en una informalidad absoluta, sin salario registrado, vacaciones, aguinaldo ni días pagos por enfermedad.
Muchos de ellos, además son monotributistas que hasta ahora no han sido objeto de medidas paliativas. Todos los encuadrados en esta categoría desde el 1 de enero pasado sufrieron un alza del 51% del monotributo con respecto al 2019. Sin contar el social, las categorías van de $1955,68 por mes a $ 9451,93. En febrero, por la carga se recaudaron $2.350 millones, un alza del 42,3% interanual.
La situación puede llegar a ser desesperante para el sector y ello explica el posteo de otro trabajador de la economía popular: “Nunca habrá medidas para nosotros ,muchos somos monotributistas, pagamos ingresos brutos, llevamos adelante la cultura a cada lugar del cual nos toca estar, siempre poniéndole el pecho a diferentes situaciones, pero los diferentes gobiernos nos siguen haciendo a un lado, para ellos no somos nada y no se tomarán medidas para muchos compañeros que realmente la van a pasar mal. Estoy de acuerdo con la cuarentena, pero exijamos una ayuda, como realmente se la van a dar a otros sectores y no a nosotros”, se lamentan varios.
