La madre de la niña violada a quien se le obstaculizó un aborto y se le practicó una cesárea que terminó con un bebe muerta, pidió la remoción Gustavo Bouhid: por sacrificar “la intimidad, la libertad, la dignidad y la salud integral” de la niña.
El pedido formal de remoción por incumplimiento de los deberes de funcionario público contó con el aval de más de 2000 firmas, entre organizaciones de mujeres y de derechos humanos. “No fue ILE, fue tortura”, denunciaron desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Jujuy. La principal denuncia contra el ministro Gustavo Bouhid es que violó el derecho a la privacidad y la intimidad de la paciente y el secreto profesional.
“El ministro de Salud Dr. Bouhid, difundió ilegalmente –sin el consentimiento de la niña ni de su familia– en medios periodísticos gráficos, radiales y audiovisuales provinciales y nacionales el cuadro clínico de la paciente, el procedimiento médico que se llevaría a cabo, el horario de la intervención quirúrgica, las condiciones de su salud previas y posteriores al curso de acción terapéutico consentido”, sostiene el pedido.
“Nació viva, es una bebé”, dijo a la prensa el funcionario, horas más tarde de que fuera practicada la cesárea. Bouhid expresó también su postura en contra del aborto y “a favor de las dos vidas”, frase que hicieron propia las organizaciones y militantes que se oponen a la interrupción legal y voluntaria del embarazo. Hasta el propio gobernador de la provincia, Gerardo Morales, opinó sobre el destino de ese bebé. Dijo que “una familia importante” de Jujuy estaba interesada en adoptar al recién nacido. Lo hizo eludiendo completamente el Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos que tiene alcance nacional.
El pedido de remoción también remarca que la intervención del ministro significó un “doble incumplimiento de funcionario público”: porque viola los derechos humanos a la privacidad y dignidad y porque desconoce los límites de la propia incumbencia y el saber médico que como profesional de la salud y funcionario estatal debiera dominar.
Ayer, las organizaciones de mujeres realizaron una asamblea para decidir cómo seguir con la denuncia y el reclamo. “Vamos a exigir que se respete la interrupción legal, que no medien otras instancias y que se respete el fallo de la Corte. También vamos a pedir la renuncia de toda la línea de funcionarios que no han estado a la altura de la situación y que llevaron a este desenlace: una niña con una marca y un cicatriz de por vida. A fin de cuentas no terminaron salvando a nadie: el recién nacido también sufrió una situación de tortura agonizando por cinco días”, opinó Cari.
Desde la Campaña repudiaron “el sufrimiento vivido por la niña y la recién nacida fallecida” como consecuencia del “capricho de sectores conservadores que jamás acompañaron a la familia”. “Todo esto es fruto de la irresponsabilidad del ministro. Se torturaron dos vidas. No cumplió ninguna Ley. Exigimos renuncia”, escribieron en Twitter.
