El caso de la nena de 11 años que llegó al hospital con trabajo de parto volvió a encender la alarma que alcanza a las comunidades originarias, pero también a familias criollas vulnerables.
La semana pasada conmovió la noticia de una nena de 11 años que fue al Hospital de General Mosconi. El bebé nació prematuro, el progenitor de la niña fue denunciado por violación y quedó detenido. Ocurrió en el seno de una familia criolla, algo que expuso que el drama no sólo se da en las comunidades originarias de la región.
“Es algo que se da no solo en comunidades indígenas. Pero a veces se visibilizan casos de ahí por el nivel de vulnerabilidad en la que viven y de abandono en muchos sentidos, que hace que los desenlaces sean tal vez más fatales. Tenemos niñas que fallecen, que tienen complicaciones porque la accesibilidad al sistema de salud es más difícil en las áreas donde viven poblaciones indígenas, en toda la región del Gran Chaco: Salta, Formosa y el Impenetrable chaqueño, donde vive la mayor cantidad de población wichí de la región, en condiciones de mayor inequidad”, declaró al diario Tiempo Argentino Tujuayliya Gea Zamora, médica generalista de origen wichí, graduada en Cuba.
“Según las estadísticas vitales de 2020, publicadas la semana pasada por el Ministerio de Salud de la Nación, ese año hubo 85 nacidos vivos de madres menores de 15 años en Salta y 127 en Chaco. Sin embargo, de acuerdo al Anuario Estadístico de Violencia de Género 2020 elaborado por el Observatorio de Violencia contra la Mujer (OVCM), ese año fueron 114 las niñas de entre 10 y 14 años que tuvieron bebés en Salta” destacó en su edición de hoy el medio citado.
“Están un poco maquilladas las estadísticas. Creemos, por la percepción en el territorio, que los números son dos o tres veces más amplios de lo que se dice”, asegura Germán Vildoza, cofundandor junto a Florencia Rey Lacoste de De la Mano Por el Mundo, organización que trabaja con talleres y acompañamiento de comunidades originarias salteñas.
Durante más de cinco años de trabajo en territorio, Vildoza vio cuán extendido está el drama en la zona. Para graficarlo, cuenta que antes de la pandemia regresó con su compañera a una comunidad del Chaco salteño donde habían dado talleres escolares. Les llamó la atención no encontrar a muchas de las niñas con las que habían trabajado. “La directora nos dijo que habían formado familia y se habían ido a otros parajes, en el medio del monte. Armamos una especie de relevamiento con nombre y apellido de las niñas que teníamos en los talleres. Eran alrededor de 10. Empezamos a hacer una búsqueda para detectar en qué situación estaban: 9 de las 10 habían sido madres. Tenían 11, 12 y 13 años”, recuerda.
“La otra parte en este abordaje es poder garantizar justicia en los casos de abuso sexual”, remarca Tujuayliya Gea Zamora. “Y que las instituciones estén alertas para denunciar. Creo que es una gran falla no poder asegurar justicia”, dice y reflota el caso de Juana, nombre ficticio con que se denunció la violación grupal por parte de al menos siete criollos a una niña wichí de 12 años a fines de 2015..
Irene Cari, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, también señala el caso de Juana como un punto de inflexión. Porque “pudo visibilizar de manera dramática la situación de otras comunidades que a veces eran silenciadas, no solo por la comunidad sino especialmente por los efectores de salud, los hospitales”. Esa niña, víctima de abuso colectivo, quedó embarazada y la hicieron pasar por siete meses de gestación hasta que accedió a una cesárea, tras negarle el derecho a la interrupción legal del embarazo. El bebé nació anencefálico y murió instantes después.
