lunes 26 de febrero de 2024
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Salta

Laura Postiglione | “El coronavirus no implica una piedra libre al Estado para violentar nuestros derechos humanos”

La abogada comentó el caso de la niña de 12 años abusada en Las Lajitas, quedó embarazada y se le negó la ILE porque el personal de salud se constituyó como objetores de conciencia.

En su columna semanal de género para el programa radial Cuarto Oscuro (La Cuerda FM 104.5), Laura Postiglione comentó que días atrás se hizo público que en todo el departamento de Anta (por ende Las Lajitas), el personal de Salud declaró objeción de conciencia en el caso de la niña abusada a quien le negaron la interrupción legal del embarazo (ILE).

Si bien este es un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los propios principios morales, la abogada aclaró que “está prohibida la objeción de conciecia institucional, con lo cual no debería haber un servicio completo que se declare objetor de conciencia”. “Ahí ya tenemos la primera falla del Estado, que debería prever personal que no sea objetor”, señaló Postiglione.

Municipalidad de Salta

La letrada además detalló que hubo quienes aseguraron que esta niña había decido continuar con el embarazo. “Si todo el personal de salud es objetor, yo me pregunto ¿quién le brindó el derecho a la información a esta niña?, personas objetoras, entonces lo que planteo es cómo puede ser que una persona que es objetora de conciencia le dé la información a esta niña. Ahí hay una cuestión que deberá revisarse”, alcaró.

Postiglione comentó que lo fundamental, en situaciones como la que le tocó vivir a esta niña en Las Lajitas, es que “obstruir el acceso al aborto no punible en los casos que corresponde, equivale a negar la práctica. Acá hay una responsabilidad del estado provincial y del personal de salud”. “En épocas de coronavirus esto no implica una piedra libre al Estado para violentar nuestros derechos humanos”, reflexionó. Además dejó en claro que en la mayoría de casos de objeción de conciencia se dan en relación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y sobre todo en el acceso al aborto, en el caso de la salud.

Acá la gran pregunta es si el Estado debe contratar a gente que son objetoras de conciencia para cubrir un servicio. Y esto no tiene que ver con hacer una persecusión a determinado culto, sino simplemente es que no se puede contratar al alguien que no va a hacer el trabajo que se requiere hacer”, dijo antes de finalizar.

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