El Concejo Deliberante aprobó ayer una ordenanza que dificulta al extremo a los parajes cercanos de productos indispensables. La ilegalidad incluyó la delegación de facultades del municipio a la policía.
Tras un visto y seis considerandos que en lo central busca expiar culpas por la poca solidaridad que atravesó a los concejales, la ordenanza aprobada ayer por el Concejo Deliberante de esa ciudad dispuso entre otras cosas lo siguiente: prorrogar hasta el día 12 de abril del 2020 el control de los accesos a la ciudad de Cafayate y dejar sin efecto el Acta Acuerdo de reunión de Intendentes de Cooperación para la aplicación del DNU 297/2020 firmada el día 24 de marzo de 2020.
Esa acta hacía referencia al Artículo 2 del DNU que dice: “…las personas deberán permanecer en sus residencias habituales…no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos”; aunque lo acordado en la reunión de intendentes que ayer se dejó sin efecto buscaba garantizar que los pueblos y parajes del departamento puedan proveerse de esos productos indispensables para garantizar el aislamiento obligatorio y que en regiones como ella dependen de negocios ubicados en Cafayate.
Una rara mezcla de ira y tristeza embargó a habitantes de San Carlos, Animaná y otros parajes mucho más pequeños. Todos le recordaron a los ediles cafayateños – Patricia Castro, Cristián Avellaneda, Rene Condori, Jorge Guantay, Lucas Cayata y Adrián Torres – que San Carlos no tiene agua potable y se abastece del líquido en Cafayate; que Animaná carece de farmacia y se abastece de algo en San Carlos, pero que casi siempre termina recurriendo a Cafayate en donde está el único banco que abrirá el día viernes; que allí se encuentran los organismos públicos provinciales y nacionales. Mientras tanto, habitantes de parajes como San Antonio, San Lucas, San Carlos, Santa Rosa, Payogastilla, Angastaco y otros dependen casi exclusivamente de Cafayate para adquirir alimentos y productos de limpieza.
Federico Barrientos – Secretario Administrativo Legal del municipio de Animaná – ya usó las redes sociales para condenar la medida y señalar sus ilegalidades. “Señores concejales de Cafayate, antes de sancionar una normativa, se tiene que analizar el plexo normativo general; se deben tener en cuenta las circunstancias particulares del lugar y la población; cómo las decisiones impactan en ellos; cómo las decisiones pueden contrariar la pirámide jurídica normativa; cómo puede, una decisión de este tipo, decantar en procesos judiciales que afecten al municipio. Están habilitados, en esta situación, a realizar limitaciones al ejercicio de los derechos, siempre y cuando éstas sean RAZONABLES”.
Eso no es todo, la desopilante ordenanza estableció en su artículo 2 establecer como “único organismo de aplicación a la Policía de la provincia de Salta para permitir la libre circulación de las excepciones contempladas…”, algo que llevo al funcionario de Animaná a preguntar: ¿Uds. Pretenden facultar a un organismo provincial (Policía de Salta) para la emisión de permisos excepcionales de circulación cuando este organismo no se encuentra bajo su órbita de mando?; ¿Quieren cercenar una facultad natural del Poder Ejecutivo Municipal, que es la de coadyuvar con el cumplimiento del DNU 297/2020?”.
“La historia los va a condenar por sus procederes. No intenten perjudicar a la población haciéndola víctima de su carniceria política interna”, finalizó el escrito Barrientos.
