El fin de semana alrededor de 40 personas fueron sorprendidas en lo que sería un campeonato local. Dos de los organizadores aseguraron pertenecer a la institución azul.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS) confirmaron que se investiga lo sucedido el fin de semana pasado en Rosario de Lerma. Ahí detuvieron lo que sería el “Campeonato Provincial Del Norte”, una juntada destinada a la riña de gallos, actividad prohibida en la provincia.
Federico Jovanovics es el fiscal a cargo de esta investigación por maltrato animal tras las actuaciones realizadas por personal de la Policía Rural y Ambiental. Hasta ahora se sabe que el evento era promocionado ya un tiempo atrás vía redes sociales. La realización fue tan clandestina que desde el MPFS señalan que el lugar “estaba oculto entre pastizales, donde pudieron observar varios vehículos estacionados al costado del camino, cerca de una estructura tipo quincho”
Durante la inspección ocular, los efectivos encontraron en el lugar una serie de elementos que no dan lugar a dudas: ahí se llevaba adelante una riña. Hallaron estructuras tipo rings, tachos con agua y esponjas para humedecer a las aves, punteras para las patas de los gallos, y hasta medicamentos con los que inyectan a las aves para ponerlas más agresivas. También se dieron con el “Reglamento Salteño de Riña de Gallo 2019”, los nombres de 25 gallos de riña escritos con tiza sobre una madera, sillas de plástico, y mesas de madera, entre otros elementos.
Cuando arribaron al lugar, muchos de los presentes emprendieron la huida, incluso algunos con el gallo bajo el brazo. Los efectivos de la Rural y Ambiental realizaron la identificación simple de 38 personas, “incluyendo a algunas que escaparon y que luego volvieron por sus vehículos, algunos con gallos enfundados o en japoneras, por lo que se labró las respectivas actas de secuestro”, señalan desde el MPFS.
Algo que llamó la atención fue que, entre los interrogados, nadie supo decir quién era el organizador o los organizadores del evento en cuestión. Sólo indicaron que cuando ingresaron, una mujer les cobró $ 250 por persona. Además, señalaron que dos hombres vestidos de civil que se identificaron como personal policial les manifestaron “que debían estar tranquilos, porque todo estaba debidamente autorizado”.
