Lo declaró Fabián Tomasi, un peón rural que trabajó en Entre Ríos surtiendo de herbicidas a los aviones de fumigación sin protección. Las normas que tratan de regular las fumigaciones son violentadas por los productores del país y de Salta.
Tomasi tiene 53 años y sufre de polineuropatía tóxica severa, razón por la cual no puede ingerir alimentos sólidos y le causó pérdida de masa muscular y dolores en las articulaciones que le limitan la movilidad. Durante un año trabajó sin protección con el glifosato, material con el que se enfrentan a diario los habitantes de las zonas rurales del país.
Según desarrolló Perfil, al cierre de junio de 2018 había 18 millones de hectáreas sembradas que rindieron 35,8 millones de toneladas y ubican a Argentina como el tercer mayor productor mundial, detrás de Estados Unidos y Brasil. “Pero esa cosecha implica millones de litros de glifosato vertido en el suelo nacional”, enfatiza ese medio que entrevistó a pobladores rurales de la provincia de Córdoba en donde las denuncias son constantes y en donde a falta de una legislación específica, los intendentes emiten ordenanzas que buscan limitar el alcance territorial de las fumigaciones y controlar las cantidades de tóxicos en los herbicidas. Pero las ordenanzas son impugnadas por los productores y a veces reciben medidas cautelares a su favor. «Por un lado hay derechos constitucionales, como el derecho a ejercer la industria lícita, que es el que normalmente invoca el productor agropecuario. Pero, frente a ese, hay otros como el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la salud y el derecho a la vida», dijo Darío Ávila, abogado ambientalista, quien remarcó lo siguiente: «En materia de agrotóxicos, en Argentina no existe una ley nacional que tenga aplicación en todo el territorio. Estas normativas son atribuciones reservadas a los gobiernos provinciales».
La situación no es distinta en las zonas agrícolas de la provincia de Salta y muy particularmente en Anta. Los primeros días de junio el senador de ese departamento y presidente del bloque de senadores justicialistas, Ernesto Gómez, había dialogado con el programa “Hablemos de Política” de FM Aries sobre varios aspectos relacionados con la producción sojera en esa localidad y uno de los puntos que resaltó fue el vinculado a las fumigaciones aéreas. “Estamos muy preocupados al respecto. Aunque hay una ley que dispone que no se pueden realizar este tipo de prácticas menos de 500 metros del ejido urbano, hay lugares en donde lo que separa los campos de la soja y una casa es una simple calle y un alambre. Además también existe otro problema. Los campos de soja colindan con pequeños terrenos que producen hortalizas con los cual las fumigaciones no solo afectan a los humanos sino a otro tipo de cultivos”, enfatizó.
Volviendo al artículo de Perfil, debemos decir que ese medio consultó al neonatólogo Medardo Ávila, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, quien manifestó que desde el comienzo de la fumigación con glifosato en Argentina, las poblaciones de las zonas rurales registran mayor incidencia de cáncer y de malformaciones al nacer. «Claramente, las poblaciones agrícolas de Argentina tienen en este momento tres veces más cáncer que las poblaciones de las ciudades», asegura Medardo Ávila, al referir que además en el campo de cada 100 nacimientos seis son de niños con malformaciones, frente a una medida de 2% en otras zonas.
