lunes 13 de mayo de 2024
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En Salta también | Piden una consulta popular para ratificar o no el acuerdo con el FMI

Lo expresó Matías Assennato de Libres del Sur, quien encuadró la propuesta en una movida nacional.

Siguen las repercusiones por el acuerdo anunciado el viernes pasado por el presidente de la nación Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Tanto en el país como en la provincia, distintos actores se expresaron al respecto. Todos dicen que no hay nada para celebrar, pero algunos lo aprueban y otros lo rechazan.

Matías Assennato sumó otra propuesta. Como muchos, dijo que el acuerdo no resulta una buena noticia para el pueblo argentino, que la deuda es una estafa reconocida hasta por el auditorio del FMI y que el responsable es el gobierno de Macri; pero remarcó que desde Libres del Sur trabajan para llevar adelante la propuesta de Consulta Popular que se realizará en todo el país el 3, 4, 5 y 6 de Marzo.

«El gobierno debería investigar qué sucedió con el enorme préstamo del 2018 y saber así adónde fueron a parar esos miles de millones de dólares. Los que, a ojos vista, no se usaron para invertir ni para resolver los acuciantes problemas económicos de la gran mayoría de nuestra sociedad”.

En ese marco, desde Libres del Sur “pedimos al gobierno nacional que explicite los detalles del acuerdo y convoque a una Consulta Popular vinculante, para que sean los argentinos y argentinas los decidan sobre este acuerdo que los va a afectar directamente en sus condiciones de vida”, reza el parte difundido.

En el mismo precisan que la “consulta popular es un mecanismo de democracia semidirecta incorporado a la Constitución nacional en la reforma de 1994 (artículo 40) y reglamentado en 2001 por la ley 25.432, aunque hasta ahora no se aplicó».

La ley 25.432 estableció dos tipos de consulta: la vinculante, que es convocada por el Congreso para someter al pueblo un proyecto de ley y cuyo resultado obliga al Gobierno a acatar su resultado; mientras la no vinculante puede ser promovida por el Congreso o el Poder Ejecutivo y el acatamiento no es obligatorio.

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