Un informe realizado por miembros del CONICET a partir de la información proporcionada por referentes sociales de todo el país, revela los principales problemas que sortean los salteños en cuarentena.
Al decretarse la cuarentena, un grupo de científicos del área de Ciencias Sociales y Humanidades del CONICET se organizó para medir el impacto social de la medida. La Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad COVID-19, coordinada por el sociólogo Gabriel Kessler, fue convocada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el mismo día de establecida la cuarentena para relevar la respuesta de los diversos sectores sociales y de allí surgió el escrito titulado “Relevamiento del impacto social de las medidas del Aislamiento dispuestas por el PEN”, que fue elevado al Gobierno y sirvió para analizar las políticas implementadas.
El mismo posee un capítulo dedicado a Salta que se elaboró a partir de informantes provenientes de profesionales de salud, referentes comunitarios, docentes, ONGs, iglesias y organizaciones sociales. A la hora de explicar los territorios relevados se mencionan barriadas populares del oeste y norte de la ciudad de Salta, los hospitales de Orán y Tartagal que dan cobertura a grupos amplios de población que incluyen a pueblos originarios y referentes de esos mismos pueblos.
A la hora de evaluar el grado de cumplimiento de la cuarentena, el informe resalta que en las comunidades rurales y algunas comunidades periurbanas el acatamiento es parcial. Algunas de las razones son las siguientes: la necesidad de comprar alimentos fuera de la comunidad por los precios; hombres que viven de las changas y se vieron obligados a seguir haciéndolo; gente mayor que no acató la medida en algunos casos por falta de comprensión al creer que es algo que le pasa a quienes viajan al exterior o a jóvenes que pasan el día en espacios como la cancha de fútbol, plaza o calles y no conciben estar dentro de sus casas”; la dependencia de la población vulnerable de la escuela o merenderos comunitarios para almorzar o merendar.
En ese marco, no sorprendió que los problemas derivados por el acatamiento se relacionen con esos mismos puntos: falta de dinero porque la mayoría no tiene ahorros; en el contexto rural hay preocupación por el acceso a alimentos si no ingresan comerciantes o si la gente no puede salir a las ciudades aledañas; dificultades de acceso a los servicios de salud para emergencias y partos; temor a la pérdida de trabajo formal e informal; las viviendas en muchas comunidades rurales y algunas urbanas suelen ser espacios solo para dormir y no para pasar el día entero aumentando la posibilidad de violencia intrafamiliar, alcoholismo y consumo de drogas.
A la hora de destacar las buenas prácticas, los científicos resaltaron el trabajo de varias municipalidades que solicitaron, en el caso de las comunidades indígenas, la elaboración de materiales en sus lenguas respectivas y la transmisión de mensajes por radio y whatsapp. Otra práctica que cabe destacar son las visitas que realizan algunos vecinos o miembros de iglesias a mujeres mayores viudas, gente mayor o en situación de mayor pobreza para llevarle bolsones de comida. En este sentido también la labor que cumplen docentes de las escuelas que difunden la información a las familias de sus barrios y comunidades a través de las redes sociales y con carteles en el espacio público.
