El septuagenario fue denunciado por la mayor de sus hijas y finalmente fue considerado por la justicia salteña como el autor material de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente.

Lo informó el Poder Judicial de Salta con el recaudo propio del caso: omitir los nombres completos de los involucrados para preservar la identidad de la menor. Pero lo cierto es que J. H. P. – de 67 años – fue considerado autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente con una menor de edad (continuado); abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente (continuado), en concurso ideal con corrupción de menores agravada por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente, todo ello en concurso real.

Municipalidad de Salta

El proceso comenzó cuando una de las hijas mayores de J. H. P. lo denunció luego de que salieran a la luz los abusos a los cuales había sometido a P. C. G. desde que la niña tenía la edad de 7 años, hasta que cumplió los 14. La denunciante había sido citada por la directora de la escuela a la cual concurría la menor porque la habían encontrado llorando. Cuando le consultaron a qué se debía, contó que su padre abusaba de ella desde pequeña. Refirió que las agresiones sexuales se incrementaron luego de que su madre se separó de J. H. P. y ella y sus hermanas menores quedaron viviendo solas con él.

La damnificada manifestó que no había contado antes lo sucedido porque su padre le advertía que si lo acusaba él podía ir preso y ella se quedaría sola con sus hermanitas más chicas. El condenado cumplirá la pena con la modalidad de prisión domiciliaria por los problemas de salud que padece, corroborados en su historia clínica.

La jueza le prohibió a J. H. P. cualquier tipo de contacto con la menor víctima, tanto físico como por medios electrónicos; quedó privado de su responsabilidad parental respecto de la menor y la justicia ordenó la extracción de material genético del condenado para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.