El pedido fue a los legisladores nacionales para que deroguen el artículo 4º de la ley 27432, sancionada en 2017.
Ayer en plaza 9 de julio, trabajadores de la cultura se manifestaron ante lo que es un pedido nacional: la derogación de un artículo que pone en riesgo el financiamiento de las principales entidades culturales del país. La otra opción es que se extienda por 50 años la garantía de que el Estado continuará financiando institutos que promueven el cine, el teatro, la música.
Se trata de el artículo de la ley 27432, sancionada en 2017, que pone fecha de caducidad a los fondos de asignación específica que se destinan a los institutos del cine, el teatro, la música, a las bibliotecas populares, a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y al fondo de Fomento Concursable de Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), que depende del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Es decir, que de no hacer esta extensión, se dejarían de recibir los fondos para bibliotecas populares o institutos como el INAMU o el INCAA. Esto sucede por la aprobación del paquete de leyes a pedido del FMI. Se sabe que de continuar sin la intervención de los legisladores, los fondos dejarán de ser entregados desde el 31 de diciembre de este año.
