Los recursos que financian esos organismos dejan de percibirse el 30 de noviembre. Un proyecto de ley propone recursos nuevos para garantizar el empleo de los trabajadores, continuar con la asistencia social y transparentar las gestiones municipales.
Aunque la iniciativa no posee dictamen de las Comisiones correspondientes (Hacienda y Legislación General), sí aparece en el acta de Labor Parlamentaria difundida por la Cámara de Diputados de Salta en el día de hoy. En la síntesis del escrito se especifica el objeto del proyecto redactado por Mario Vilca, Nicolás Taibo, Santiago Godoy y Lucas Godoy (Bloque Justicialista): modificar el inc. a) del artículo 5º, y los artículos 6º y 8º de la Ley 5335 referente a Cooperadoras Asistenciales.
El primero de los puntos a tratar tiene que ver exclusivamente con el dinero que financia esos organismos claves para la asistencia social de los municipios. Creadas en 1966 para atender necesidades sociales prioritarias, el decreto – ley 9 del año 1975- estableció que el dinero que permitiría a las Cooperadoras cumplir esa misión provendría de un impuesto (2% del salario bruto) que pagan los empleadores provinciales por cada trabajador en relación de dependencia. En julio de 2008 se dispuso que quienes contrataran nuevo personal se beneficiarían con la eximición del pago correspondiente a los trabajadores incorporados, aunque en lo central la fuente de financiación era la misma.
El problema es que, tras la firma del Consenso Fiscal por las provincias con Nación, las primeras asumieron el compromiso de derogar todo tributo sobre el salario. Es lo que dispuso la Provincia de Salta mediante Ley 8064, que en su Art. 10, deroga a partir del 30 de noviembre del año 2019 el gravamen que constituye el principal recurso con el que cuentan las Cooperadoras Asistenciales de los Municipios.
“Por la situación que se plantea, se hace necesario, por una cuestión de previsibilidad y para dar tranquilidad a los Municipios y a los habitantes que atienden estas Cooperadoras, legislar para darle una nueva fuente de financiamiento a partir de la derogación del gravamen en noviembre del año 2019”, dice la síntesis del proyecto publicado en el acta de Labor Parlamentaria. CUARTO supo que el proyecto, propone que el financiamiento surja de dos fuentes principales: un porcentaje de lo que la provincia recauda por Ingresos Brutos y también un pequeño porcentaje de los premios que otorgan los juegos de azar como la tómbola y lotería.
Garantizada las fuentes de financiamiento, los legisladores buscan también reforzar los controles. Allí apunta la modificación del artículo 8 que cede el control de las Cooperadoras a la Auditoría General que al decir de los autores del proyecto resulta insuficiente por el enorme volumen de dinero que puede ser insuficiente para resolver las emergencias sociales, pero es demasiado en manos de los intendentes; las constantes denuncias sobre cómo la asistencia social devienen en mecanismos de clientelismo; las no menos numerosas denuncias que dan cuenta de cómo varios intendentes se enriquecen con recursos públicos; y el hecho de que las evaluaciones de la Auditoria se realizan tras ejecutarse las partidas y en tiempos donde ya nada puede remediarse.
En ese marco, el proyecto que presentarán los legisladores propone que al control de la Auditoria se le sume el de la Sindicatura General de la provincia por dos motivos: el control de este organismo es paralelo a la ejecución de las partidas y los diputados pretenden que la Sindicatura eleve un informe trimestral al respecto. “Al proyecto lo estamos puliendo. En las próximas horas estará listo. El objetivo es llevar tranquilidad a los empleados de las distintas cooperadoras garantizando su existencia, pero también mejorar su funcionamiento y lograr la transparencia en el uso de los recursos públicos que en este caso van dirigidos a los sectores más vulnerables”, afirman desde la legislatura local.
