Las víctimas acreditaban posesión veinteñal del lugar con lo cual se violentó la ley 7658. Claudio del Plá, por su parte, analiza la posibilidad de pedir un Jury de enjuiciamiento contra la jueza que también es prestadora de servicios inmobiliarios.
La trama de esta historia fue denunciada por CUARTO el 17 de octubre pasado y es fácil de sintetizar: un desalojo ordenado por la jueza Olga Sapag en la finca El Líbano de Lumbreras en beneficio de Sergio Alejandro López y en contra de las familias Díaz y Álvarez. El primero presentó un boleto de compra venta de hace unos diez años, aunque nunca había ocupado el lugar; a diferencia de las familias desalojadas que acreditaban posesión del lugar desde hace más de veinte años.
La jueza que lo ordenó violentó por un lado la letra y el espíritu de una ley aprobada por la legislatura; mientras por otro, aparece como agente de un corredor inmobiliario. Lo primero se relaciona con ese desalojo que hizo caso omiso de lo que dispone la ley provincial 7658, que en el inciso f) de su primer artículo impone: “Evitar desalojos de pequeños productores y familias rurales de las tierras de las que habitan a base de documentos firmados con ardid o engaños”.
Las reacciones no se hicieron esperar y un día después de publicada la denuncia, parientes de los desalojados informaron a este medio que estaban al tanto de que diputados provinciales realizarían una presentación ante la Corte para que se retrotraigan los desalojos.
Santiago Godoy confirmó a CUARTO esa noticia. “Vamos a trabajar para que la Cámara de Diputados en la sesión del martes emita un dictamen que deje en claro que para nosotros la Ley ampara a los campesinos. No tengo dudas que esa sentencia va en contra de una norma que nosotros votamos. También trasladaré el caso a la Comisión de Legislación General para que evaluemos si el espíritu de la ley que es favorecer a los más débiles queda poco claro. Creo que no, pero ante esto y con el objetivo de que no vuelva a ocurrir en el futuro, evaluaremos si debemos hacer algún ajuste. Lo indudable es que desde mi interpretación el desalojo está fuera de lugar y que creo que debe restituirse a las familias Díaz y Álvarez las tierras en las que vivían, aunque eso ya es algo que debe impulsar la parte afectada”, enfatizó el presidente de los diputados salteños.
Desde la Cámara de Diputados también trascendió la posibilidad de un pedido de Jury de Enjuiciamiento contra Olga Sapag. El legislador Claudio del Plá confirmó a este medio que tal posibilidad es objeto de análisis entre su bloque y las familias afectadas, que el motivo es la “no aplicación de la ley” por parte de la jueza y que se analiza también la gravedad de la otra irregularidad denunciada por CUARTO: que según los registros de AFIP y DGR, mientras la magistrada tramita causas por posesión veinteñal y ordena desalojos es parte prestadora de servicios inmobiliarios. Los detalles de ese desaguisado pueden consultarse en la nota que publicáramos el pasado miércoles: “Jueza y parte | Olga Sapag ordena desalojos al mismo tiempo que ofrece servicios inmobiliarios”.
Lo del jury no está ni preparado ni completamente decidido aún. Lo explicitó incluso la fiscal del estado Pamela Calletti quien fue consultada al respecto en la mañana de hoy y respondió lo siguiente: “He leído el caso en los medios, pero no nos han convocado a un Jury de Enjuiciamiento así que desconozco si hay una denuncia”. Al evidente impacto que generó la denuncia, debe sumársele otra: CUARTO pudo confirmar por fuentes del Colegio de Abogados, que la situación fue motivo de debate entre miembros del recientemente conformado Foro de Observación de Calidad Institucional de Salta (FOCIS), algunos de cuyos miembros analizan también la posibilidad de solicitar a la Corte de Justicia que investigue el caso.
