El Senado insiste con la adhesión a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal, mientras que Diputados sancionó una norma distinta que reglamenta su aplicación. La controversia podría prolongarse.
En la provincia de Salta, la cuestión sobre la regulación de la actividad de producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial ha generado un choque de posturas entre las dos cámaras legislativas. El Senado insiste en adherir en todos sus términos a la Ley Nacional No 27.669, la cual ofrece un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal.
La Comisión de Salud Pública, presidida por el senador Manuel Pailler, ha emitido un dictamen que se tratará en la jornada de hoy, donde se abordará la temática. El Senado pretende mantener la sanción que ya había emitido en julio de 2022, delegando en los ministerios de Salud Pública y Producción la elaboración de programas y acciones destinadas al cumplimiento efectivo de la Ley Nacional.
Sin embargo, la Cámara de Diputados de Salta ha sancionado una norma totalmente distinta, que reglamenta la aplicación de la ley. Los legisladores de la cámara baja han establecido que el estado provincial debe firmar convenios con la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal para facilitar las autorizaciones relacionadas al uso de semillas de la planta de cannabis, del cáñamo y de sus productos derivados.
Además, la norma aprobada por los diputados obliga a las personas humanas y jurídicas que desarrollen las actividades previstas en la Ley Nacional a presentar un plan de trabajo que será evaluado por un Comité Técnico conformado por la Autoridad de Aplicación designada por el gobierno provincial. También sanciona que el ejecutivo otorgue exenciones impositivas para el desarrollo de la actividad.
