La madre con trabajo de parto pasó por nosocomios de Rivadavia, Tartagal y Orán por falta de profesionales especialistas. El bebé había nacido con insuficiencia respiratoria tras haber padecido sufrimiento fetal.
Un largo reporte sobre el caso fue redactado por la periodista Luciana Rosende y publicado por el diario Tiempo Argentino. Allí se dio cuenta que una mujer con 41 semanas de embarazo comenzó con trabajo de parto en la comunidad wichí Misión La Paz, de la localidad de Santa Victoria Este.
“Pese a que su historia clínica indicaba que le debían practicar una cesárea, el trabajo de parto avanzó y el bebé nació con insuficiencia respiratoria tras haber padecido sufrimiento fetal. Por las complicaciones, fueron derivados del Hospital de Santa Victoria Este al de Tartagal, donde por falta de profesionales especialistas los trasladaron al Hospital de Orán. Allí el bebé murió. El caso movilizó a las comunidades”, se resaltó.
“En febrero del año pasado se declaró la emergencia socio-sanitaria por el fallecimiento de al menos nueve niños y niñas al norte de Salta. A partir de ahí se realizó un diagnóstico donde se evidenciaban distintos problemas de acceso a derechos básicos, como la salud. Pese a que se declaró la emergencia para que el Estado dirigiera su mayor esfuerzo, a más de un año y medio no ha cambiado. Seguimos por ejemplo con este problema de falta de especialistas, como pasó en este caso”, contó desde esa provincia Martín Plaza, abogado del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
A partir de la muerte del bebé wichí de Misión La Paz hubo movilizaciones en Tartagal en reclamo por políticas públicas sanitarias. Desde ACIJ –junto con distintas organizaciones de la sociedad civil y el colectivo Infancia en Deuda- instaron a la “urgente aplicación y reglamentación de la ley provincial 7856 a los fines de mitigar las desigualdades que sigue reproduciendo el sistema de salud hacia las comunidades originarias y, sobre todo, para garantizar una efectiva participación indígena en la planificación de las políticas públicas sanitarias”.
La idea de visibilizar la situación apunta a “fortalecer el reclamo y que se aplique la ley de salud intercultural vigente desde 2014, que genera la creación de una red sanitaria para tener otro apoyo y con participación de familias indígenas y que establece la creación de facilitadores bilingües, porque muchas comunidades hablan sus idiomas originarios y no hablan bien español”, dijo Plaza.
