La falta de rendición de cuentas del 30% de los municipios de Salta referente al ejercicio 2022, y la amenaza de acciones penales por parte de la Auditoría Provincial, genera controversia. Algunos intendentes electos denuncian la falta de diálogo y el impacto en la gestión pública.
A medida que se acerca la fecha límite para la presentación de las Cuentas Generales correspondientes al período 2022, la controversia se intensifica en Salta. Un 30% de los municipios no ha cumplido con esta obligación constitucional, a pesar de que el plazo venció el pasado 30 de junio.
El municipio de General Güemes es uno de los que permanece en la mira debido a su falta de rendición de cuentas. El actual Jefe Comunal, Sergio Salvatierra, mantiene un distanciamiento con el intendente electo, Carlos «Ketty» Rosso, quien denuncia la ausencia de diálogo y la detección de irregularidades recientes en la gestión.
En declaraciones a medios locales, Rosso expresó su malestar tanto con el gobierno provincial como con la Auditoría General, argumentando que la falta de coordinación afecta a la sociedad y perjudica la gestión pública.
La situación se agrava dado que ambos representan el mismo espacio político del gobernador de la provincia, lo que añade paradojas a la falta de cooperación. Rosso enfatiza que es crucial que los intendentes electos sean incluidos en la gestión de temas provinciales y nacionales.
El Presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, ha señalado que entre 25 y 30 municipios aún no han presentado las Cuentas Generales de 2022, lo que equivale a casi el 40% de las intendencias salteñas. La Auditoría les ha otorgado un plazo hasta el 30 de septiembre para cumplir con esta obligación, y advierte que, de no hacerlo, tomarán medidas legales contra las comunas por incumplimiento del deber de funcionario público.
Hasta las manos
En el norte provincial, el municipio de Orán enfrenta serias dificultades bajo la gestión de Pablo González. Problemas financieros, sobresueldos, nombramientos irregulares y falta de insumos en todas las áreas municipales han generado indignación entre los vecinos. Según Sebastián Gottero, concejal de Orán, la deuda municipal supera los $1.000 millones, y el municipio enfrenta problemas con la Provincia y el banco Macro.
Otros municipios, como Cerrillos y Rosario de Lerma, también experimentan irregularidades en sus gestiones, incluyendo incrementos de gasto corriente en los últimos trimestres de mandato, lo que va en contra de la Ley de Responsabilidad Fiscal. La falta de rendición de cuentas y el descontento de la sociedad continúan siendo un desafío para los nuevos funcionarios electos en Salta. El municipio de Cafayate también se encuentra bajo escrutinio por no presentar la documentación requerida en sus informes.
